«Las agresiones socioamientales violan los derechos humanos»

El activista Oscar Delgado, de CAPOMA, Jujuy, vincula la lucha de los organismos de DDHH con las de los trabajadores de los ingenios azucareos y con las del ambientalismo que se opone al agronegocio y a la megaminería. El modelo productivo agrominero como actual violación de los derechos humanos.

Al día siguiente de una exitosa jornada de debate bajo la temática “De los rostros del saqueo a la construcción de alternativas”, llevada adelante este miércoles 7 en el Espacio Cultural En Eso Estamos, de La Plata, uno de los panelistas se acercó a los estudios de Radionauta FM para seguir discutiendo acerca de la lucha social y en defensa del medio ambiente en el norte argentino.

Oscar Delgado, integrante del Centro de Acción Popular Olga Márquez de Arédez (CAPOMA), organización de derechos humanos de Libertador General San Martín de Jujuy, primero recuerda que el centro lleva ese nombre por una madre de Plaza de Mayo de Ledesma fallecida en 2005: “Olga Márquez de Arédez falleció por un cáncer causado por la contaminación del Ingenio Ledesma, que hasta el día de hoy siguen negando que cause contaminación. Y en esos últimos años, ella siempre luchó contra la injusticia que significó en esa época la dictadura militar pero ligándolo a problemas actuales, como el problema del acceso a las tierras que seguimos teniendo en el norte argentino, los derechos de los pueblos originarios”.

Enormes emprendimientos como los del agronegocio y la megaminería son, sostiene Oscar, “los distintos rostros del saqueo, que nosotros decimos que es la violación de derechos humanos actuales que a través de un modelo productivo que sigue deforestando bosques únicos de la zona del Chaco y de la selva de Yunga, bosques habitados por culturas milenarias y los pueblos campesinos actuales, que fomentan los desalojos violentos, los asesinatos de campesinos e indígenas y todo tipo de represión”. “Hay una estructura productiva que sigue generando injusticia”, agrega.

Los biocomustibles son otra “veta de grandes negocios”, uno de cuyos actores es la sociedad entre Ledesma y la empresa El Tabacal, de una multinacional norteamericana, que tienen en marcha hace más de tres años una planta de bioetanol y “proceden con los mismos métodos de seguir acaparando más tierras y generando más desmontes”. Este auge también se sustenta en políticas nacionales  como un decreto presidencial “para aumentar la mezcla del 5 al 10 por ciento de estos biocombustibles en las naftas”. Allí también entra el biodiesel de soja, coherente con la reciente inauguración por parte de la Presidenta de la planta de procesamiento de soja más grande del mundo en Santa Fe, destinada justamente a la producción de biodiesel. Dice Delgado: “es disponer cada vez mayor cantidad de tierras para la producción de estos mal llamados biocombustibles, y menos para la diversidad agroalimentaria”.

Todos estos avances en el extractivismo se articulan, según Oscar, en torno a la IIRSA, Iniciativa para la Infraestructura de la Región Sudamericana, “que están destinando fondos de préstamos internacionales para reacondicionar rutas, vías férreas, la hidrovía Paraguay Paraná, justamente para sacar los productos del saqueo, los minerales, la soja, los biocombustibles”.

Sin embargo, opina que en los últimos años ha ido creciendo una conciencia medioambiental y una resistencia, que puede ser comprendida también como “una continuidad de la de los 70, con los sobrevivientes, con quienes seguimos compartiendo estas luchas, tanto Familiares como Ex detenidos desaparecidos” que ha logrado “pequeños triunfos”. Oscar sostiene que, pese a que las empresas vinculadas al agronegocio, particularmente el Ingenio Ledesma, continúan con el discurso y las prácticas violentas de las épocas de la dictadura, “ahora tienen que tener más cuidado porque la gente está tomando conciencia, se está animando”. En ese sentido, señala que “actualmente hay un grupo de 180 trabajadores que fueron dejados sin empleo, porque estaban tercerizados, porque la empresa está instalando una nueva tecnología de máquinas plantadoras de caña de azúcar, y la gente se animó a venir a hacer un acampe frente a la administración de Ledesma, donde está la mansión de los Blaquier”. También recuerda que el 28 de julio de 2011 se llevó adelante una toma de tierras, cuyo desalojo a manos de las fuerzas armadas dejó como saldo 4 campesinos asesinados. “Es decir, cuando se ven cercados nuevamente el sistema de estas empresas feudales vuelve a reprimir. Pero lentamente creo que vamos ganando conquistas sociales”.

Los avances de la organización y la lucha de las comunidades del norte argentino también tienen una manifestación en el avance del juicio a Carlos Pedro Blaquier por el famoso caso del Apagón de Ledesma, “que años atrás se veía como imposible”. Así, sostiene Oscar “se está logrando que esa impunidad se vaya corriendo un poquito, aunque siempre está latente”.

En el caso particular de los trabajadores de los ingenios azucareros, que como vanguardia de lucha de los 70 fueron un objetivo especial de la represión dictatorial, Delgado también advierte cambios importantes: “Hace tres años asumió una nueva conducción del sindicato, el secretario es Ariel Cuchi Vargas, y es parte de esa nueva generación que empezó a rescartar esas luchas de los 70 y por primera vez en más de 20 años se le hizo un par de 48 horas al ingenio Ledesma, que este año se volvió a repetir, y se lograron ciertas conquistas sociales”. Pero estos avances son siempre dificultosos por la “embestida violenta” de la empresa Ledesma que impulsa una campaña de desprestigio de la lucha y la conducción sindical “en todos los medios de comunicación de la zona y provinciales e incluso de los grandes medios de Salta, como El Tribuno y otros diarios” desde los que reproducen el mismo discurso del Proceso, culpando a “agitadores de izquierda, que vienen de afuera, a hacer líos y a frenar el progreso de la empresa”.

Uno de los aspectos de la campaña contra el sindicato es el procesamiento de Vargas por la toma de la planta de gas del ingenio en el último paro de 48 horas, a menos de un mes de las nuevas elecciones del sindicato: “ahora muy velozmente la Justicia de Jujuy ha procesado a Ariel Vargas, el secretario del sindicato, y ya está elevada a juicio la causa, cuando todavía no ha transcurrido un año. Y han pasado más de 30 años para elevar la causa de Carlos Pedro Blaquier a juicio”. Pero pese a este clima “cargado” se está luchando para “mantener ese sindicato que está recuperando mucha de la historia combativa de los años 60 y 70”.

Delgado también destaca la articulación regional de las luchas contra el extractivismo: “Hemos entrado en contacto con gente de Paraguay, de Brasil, etcétera, y vemos que se repite el modelo. Atrás de todo están estas corporaciones multinacionales como Monsanto, Dow agrociences, Bayer, Nidera, todas esas marcas que vamos a ver los sábados en el suplemento rural de Clarín”.

Esta política de megaminería y agronegocios, denuncia Delgado, no es más que continuidad de políticas de décadas pasadas, más allá de los avances en materia de derechos humanos del Gobierno actual que, sin emgargo, “está haciendo agua en cuanto a estos modelos productivos de los que participan estas empresas cómplices de la dictadura”. Esto se ve particularmente en l tema agronegocios, donde se continúan con las líneas impuestas durante el menemismo cuando “nuestro país fue tomado como un laboratorio a campo abierto a partir de 1996 con la producción de la soja transgénica que autorizó el nefasto gobierno de Carlos Menem”.

Y concluye Delgado: “Así que ahí vemos una continuidad de seguir impulsando ese modelo y le seguimos reclamando a este Gobierno que si quieren construir la patria grande latinoamericana por ese camino vamos a seguir dependiendo de estas multinacionales. Y una dependencia cada vez más destructiva y más dañina porque están atentando contra los ciclos vitales de la vida, de los ambientes naturales, impactando en el cambio climático global y destruyendo ecosistemas de millones de años, donde quedan las tierras inservibles tanto en las zonas andinas como en las boscosas. Y eso es destruir nuestro futuro. Se podrán seguir generando riquezas multimillonarias pero están destruyendo la base con la que se sigue refecundando la vida. Y así no vamos a poder tener futuro. Así que realmente en eso vemos una continuidad, una violación actual de los derechos humanos en estas agresiones socioambientales de este modelo productivo”.