La inseguridad, los medios y los jóvenes

Por Jazmín Rodríguez. A casi un mes del decreto de “Emergencia en Seguridad” en la provincia de Buenos Aires, oficialismo y oposición debaten el tema en distintos ámbitos mientras algunas medidas se ponen en marcha. Los medios de comunicación, por su parte, insisten con la “ola de inseguridad”, mientras los datos de la realidad dicen otra cosa.

Algunas medidas en curso

Luego del decreto del gobernador Daniel Scioli, una de las primeras medidas en adquirir visibilidad fue la creación del Comando de Patrullas Comunitarias, programa presentado por el ministro de Seguridad, Alejandro Granados, en un acto en el municipio de Malvinas Argentinas junto al intendente massista Jesús Cariglino. En esa ocasión, a su vez, ambos dejaron ver que su ubicación en diferentes espacios políticos no impedía la cooperación y tuvieron incluso la oportunidad de realizarse comentarios elogiosos mutuamente.

En los últimos días, Granados visitó muchos de los municipios del conurbano e interior de la Provincia en los cuales se desarrollará este Comando, firmando los respectivos acuerdos. Se prevé que para el 30 de mayo estarán totalmente en funcionamiento, con un total de unos 7500 efectivos policiales en las calles.

Por otro lado, las restricciones para motocicletas también comenzaron a regir, no sin resistencias: la utilización de chalecos reflectantes y cascos, ambos con la inscripción del número de patente de la moto, es una nueva norma para los acompañantes y se estima alcanzará posteriormente también a conductores.

Estas son medidas que se ponen en marcha mientras en el Senado bonaerense once leyes fueron elevadas por el Ejecutivo para su tratamiento, al tiempo que el Frente Renovador responde, en bloque minoritario, presentando su propio proyecto de Emergencia en Seguridad.

De este modo empiezan a llevarse adelante políticas que pretenden instalarse como respuestas a una “inseguridad” creciente, basadas en la idea subyacente de que lo que le hace falta a la sociedad es una mayor rigidez en las normas y procedimientos de control, especialmente sobre los más jóvenes, aumento de presencia de las fuerzas represivas en las calles y castigos más duros para quienes delinquen. Ideas presentes en el discurso político y, sobre todo, en el discurso mediático.

Del dicho al hecho

Sin embargo, no alcanza con ver lo que dicen los medios de comunicación. Que éstos son los grandes formadores de opinión pública no es una novedad, y tampoco lo es que el discurso político se sirve de esto con frecuencia. Por esto es importante ver que, muchas veces, su insistencia en relación a la problemática de la inseguridad no tiene correlato en la realidad.

Estamos en un contexto de consolidación del discurso punitivo. Tanto por parte de los medios de comunicación como por parte de funcionarios responsables de la legislación y ejecución de políticas públicas. Se expresa, se reitera, se refuerza, que el delito crece incesantemente y que lo que falta son acciones inmediatas. Y las medidas que se toman, además de estar comprobado que no tienen efectos significativos en la reducción de índices de delitos, pueden tener por el contrario consecuencias muy nocivas.

¿Qué pasa si se instala como norma, por ejemplo, que quien viaje en una moto tiene que tener un chaleco naranja con el número de la patente? Se refuerza la idea de que quien no lo hace es inmediatamente sospechoso, potencialmente un enemigo, a quien hay que temer, frente a quien cualquier defensa vale. La sensación de alerta y de miedo que lleva a exigir respuestas represivas es uno de los mecanismos más efectivos en los medios de comunicación en todas las sociedades contemporáneas.

En este marco, uno de los puntos recurrentes en el debate público en los últimos tiempos, aunque no el único, es el referido a los delitos cometidos por jóvenes, sujeto predilecto de los medios al hablar de inseguridad. Este tema da lugar a múltiples debates, sobre el régimen penal juvenil o la baja de edad de imputabilidad, e incluso habilita a que se proponga la realización de una consulta popular sobre la reinstauración del Servicio Militar Obligatorio, como planteó el ex intendente de José C. Paz y actual senador bonaerense Mario Ishii, dando lugar a una nueva polémica. En cualquier caso, se indague más o menos sobre las causas, o se plantee una u otra solución, se da por sentado que existe una tendencia en aumento entre los jóvenes a intervenir en asaltos, robos, o “hechos de inseguridad”.

Pero, contrariamente a lo que el sentido común reforzado por los medios sugiere, las estadísticas muestran que no estamos antes una escalada del delito y, mucho menos, que de esto sean responsables los menores de edad. Según el último informe de la Procuración de la Suprema Corte de Justicia Bonaerense, los delitos que involucran a jóvenes disminuyeron un 2,22% en el 2013 con respecto al 2012. Disminución que se enmarca en una relativa estabilidad desde la conformación del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil en 2008. E incluso, remontándonos a los datos recogidos por el mismo organismo entre 2009 y 2012, en la provincia de Buenos Aires sólo el 4,3% de los delitos involucran a menores de edad.

La realidad es insoslayable. Los números son bajos en relación a lo que los medios muestran cada vez que eligen construir una imagen del joven –pobre- como un Otro peligroso que por definición no se enmarca en la norma y frente a quien es mejor tomar distancia mientras se exige al Estado que tome más medidas y más efectivas para controlarlos. Y así como sucede con la juventud asociada al delito, puede suceder con cualquier otro tema. Que el Estado responda más al discurso mediático que a la realidad, es un problema.