Restituyeron al alcalde de Bogotá

Esta semana el Tribunal Superior de la capital colombiana avaló las medidas de protección solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el alcalde Gustavo Petro quién había sido destituido en diciembre de 2013 por supuestas irregularidades en el sistema de limpieza urbana.

El 19 de marzo de este año la CIDH indicó al gobierno del presidente colombiano, Juan Manuel Santos, aplicar las medidas cautelares pedidas por Petro para que se garanticen sus derechos políticos.

La Comisión exigió al gobierno colombiano mantener al primer mandatario citadino su cargo hasta el fin de su mandato en diciembre de 2015, en tanto esa organización hacía un estudio a fondo del caso. En su argumentación, la CIDH estimó que las garantías políticas e individuales del mandatario bogotano podrían haber sido vulneradas en el proceso en su contra seguido por la procuraduría.

Si bien el presidente Santos había desestimado el planteo de la CIDH y ratificado con un decreto la destitución del alcalde (opositor a su gobierno, por supuesto), este fallo lo obligó a tragarse sus palabras y acatar la decisión de la Justicia.

“Las leyes lo ordenan”, dijo el presidente, “y mi obligación es acatarlas. A algunos les puede gustar esa decisión y a otros no, pero mi obligación es acatar lo que los jueces dispongan”, añadió.

Tras conocer la decisión del Tribunal Superior, Petro escribió en su cuenta de Twitter: «Esta vez el Tribunal Superior de Bogotá protege derechos políticos, que son derechos humanos de la ciudadanía bogotana, de Bogotá y los míos».

Por su parte el presidente del Tribunal de Bogotá, Eduardo Carvajalino, salió a responder las críticas contra el fallo de esa instancia judicial provenientes de los sectores más conservadores de la política colombiana. “El fallo de los magistrados fue jurídico y no político”, afirmó, tras subrayar que el presidente Juan Manuel Santos “debió esperar un poco antes de refrendar (mediante decreto) la destitución e inhabilidad durante 15 años impuesta por la procuraduría al alcalde mayor de la ciudad”.

“Santos debió acatar las medidas cautelares que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó al primer mandatario citadino”, explicó y aclaró: “La Corte Constitucional colombiana ha precisado, en diversas sentencias, el carácter de obligatorio cumplimiento de las medidas de la CIDH, que a partir de la Constitución de 1991 formaron parte del mandato constitucional en vigor en el país”.

La vuelta a la alcaldía y las reacciones

El mismo día que el presidente Santos firmó la restitución, Gustavo Petro viajó desde Cartagena de Indias hasta la capital para reasumir su cargo. Llegó al Palacio de Liévano, sede de la Alcaldía de Bogotá, acompañado de una manifestación que lo apoyaba. Sobresalían banderas del extinto grupo guerrillero M19, al cual perteneció, y carteles en los que se pudo leer “Petro no se va”.

Esto generó la reacción del procurador general colombiano, Alejandro Ordóñez, quién fue el responsable de la destitución del alcalde. El funcionario anunció que impugnará el fallo del Tribunal Superior. «Los abogados de la Procuraduría trabajan en una tesis jurídica reiterada por la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y la Judicatura sobre la competencia que la Constitución confiere a la Procuraduría para ejercer el control disciplinario de los funcionarios elegidos popularmente», dijo Ordóñez.

Sin embargo el restituido alcalde informó que “aun cuando el fallo del Tribunal bogotano sea impugnado y se resuelva esa impugnación en su contra, las medidas de la CIDH mantendrán su vigencia”. Será así hasta tanto la Comisión tome una decisión definitiva sobre el caso, lo cual puede demorar desde varios meses hasta dos o tres años.

El primer mandatario de Bogotá había sido destituido de su cargo e inhabilitado durante 15 años por el procurador general, el 9 de diciembre de 2013, quien alegó supuestas irregularidades cometidas en la implementación de un nuevo sistema de recolección de basura a fines de 2012, que retrasó dos días la recogida de desechos en la capital.