“Los jueces en Salta no trabajan desde un perspectiva de género”

En Salta se analiza la realización de un jury contra un juez que impidió la práctica de un aborto no punible a una niña violada y golpeada por su padrastro.

Con el apoyo de casi un centenar de organizaciones políticas y sociales y personalidades de los derechos humanos, el jury promovido por la Multisectorial de Mujeres de Salta y patrocinado por la abogada Gabriela Gaspar parece haber dado un paso hacia delante. El lunes, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de Salta «corrió vista» a la solicitud para que el acusado Víctor Soria arme su defensa para luego definir si el procedimiento tiene lugar legal.

“Estamos en una etapa crucial”, dijo a Notas la abogada Gaspar, que es miembro del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM). A partir de ahora, el juez de Personas y Familia de Segunda Nominación, Víctor Soria, deberá designar abogado defensor, tras lo que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados decidirá la admisibilidad o no del pedido de jury en su contra.

La Multisectorial también exige la destitución de Flores Larsen, defensora en la causa. En su caso, los miembros del jurado decidieron pasar a un cuarto intermedio hasta el miércoles, a las 11, cuando seguirán analizando el pedido.

Los hechos que motivaron la solicitud de destitución y sus adhesiones, comenzaron con un claro caso de aborto no punible a fines del año 2013 en el que el juez Soria hizo lugar a la acción de amparo promovida por la defensora Flores Larsen con el objeto de impedir que una niña de entonces 13 años de edad, violada y golpeada violentamente por su padrastro, interrumpiera el curso de un embarazo producto de las reiteradas violaciones sufridas y para que -en consecuencia- se la obligara a continuar con el proceso de embarazo.

Según difundió la Multisectorial en un comunicado, en la misma acción, el juez prohibió a los profesionales médicos llevar adelante cualquier acción que pudiera “interrumpir o evitar la gestación natural del niño por nacer” con advertencia de enviar antecedentes a la justicia penal. Y fue más allá al declarar inconstitucional el Decreto Provincial 1170/12 – declarado constitucional por la Corte de Justicia de Salta unos meses antes-y la Resolución Nº 215/12 del Ministerio de Derechos Humanos y su anexo, que aprueba la Guía de Procedimiento para la Asistencia Integral de Toda Víctima Sexual y la Concreta Atención de los Abortos no Punibles, firmados por el gobernador Juan Manuel Urtubey como consecuencia del mandato que la Corte Suprema de Justicia de la Nación delimitara en autos caratulados “F. A. L. s/ medida autosatisfactiva” de marzo de 2012.

El reclamo de la Multisectorial de Mujeres cuenta con el apoyo del INADI que indicó, luego de examinar toda la evidencia del caso, que a la niña cuyo embarazo fue producto de reiteradas violaciones se le vulneraron todos sus derechos fundamentales como la libertad de decidir, su integridad sexual y psicofísica, su dignidad, autodeterminación, salud y derechos reproductivos y no se tuvo en cuenta su condición de víctima. Afirmó también que ir en contra de la voluntad de la niña en cuanto a interrumpir su embarazo “resulta a todas luces la negación de la calidad de sujeto de la niña”. Y continúa: ”Resulta tan violento que el denunciado obligue a una niña de trece años a atravesar un embarazo fruto de una violación, en contra de su voluntad expresa, como que, en caso de que la niña, por sus convicciones personales, de todas formas expresara su intención de llevar adelante su embarazo, fuera obligada a abortar”.

También apoya la iniciativa de destitución el Consejo Nacional de las Mujeres que se presentó, a través de su presidenta Mariana Agustina Gras Buscetto en calidad de Amicus Curae en el caso.

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados es integrado por el presidente de la Corte de Justicia provincial, Guillermo Posadas, quien preside el Tribunal, el juez de la Corte Guillermo Catalano, la Fiscal de Estado Mónica Lionetto, los senadores Jorge Pablo Soto (PJ) y María Silvina Abilés (FpV), como abogado del foro designado por Senadores, Guillermo López Mirau; los diputados Manuel Santiago Godoy (PJ) y Alejandra Beatriz Navarro (FpV) y como abogado del foro designado por Diputados, Aldo Juárez.

“En la provincia de Salta hubo excepcionales casos donde se cumplieron las leyes y las respectivas garantías de los derechos fundamentales de las mujeres”, dijo Gaspar a Notas. Pero según aclaró, esto no es común y menos en Primera Instancia. “En el caso de Soria podemos hablar de misoginia”, declaró. “En sus sentencias no se evidencia ni la aplicación de las leyes, como puede ser la Ley de Violencia de Género, ni la disposición de medidas cautelares en casos de violencia familiar, y todavía en algunas instancias a través de la mediación penal vuelve a permitir la figura del avenimiento”. Recordemos que esta figura legal -que implicaba la posibilidad de un abusador de casarse con la mujer a la que había violentado sexualmente si era mayor de 16 años y de esta forma se daba por “perdonado”- fue derogada en el año 2012. “Los jueces en Salta no trabajan desde un perspectiva de género”, reforzó la entrevistada.

Julia de Titto – @julitadt