«Se busca blanquear un poco la figura de Milani»

Facundo Di Filippo, referente del Partido Social, cuestionó la política de enviar al Ejército a trabajar en obras en los barrios porque se trata de una medida “que no fue consultada con los vecinos” y porque obedece al proyecto político de “blanquear un poco la figura de Milani”.

En diálogo con el programa radial Con el pie izquierdo, de Radio Sur, Facundo Di Filippo, miembro del Colectivo por la Igualdad en el Partido Social y ex presidente de la Comisión de Vivienda de la Legislatura porteña entre los años 2007 y 2009, se manifestó contrario a la intervención del Ejército en obras en distintos barrios de la ciudad de Buenos Aires.

Concretamente, explicó que hace años vienen articulando con vecinos del barrio La Carbonilla, en la Paternal, un  asentamiento “bastante precario” creado por cartoneros junto a las vías, en terrenos pertenecientes a la Nación. Y recordó que ya los festejos del 24 de marzo en el barrio habían contado con la presencia de Hebe de Bonafini y del ministro Rossi por lo que “imaginamos que detrás venía alguna intención con ese espacio, con ese asentamiento”. Luego estas sospechas se confirmaron con la noticia reciente de que 30 efectivos del Ejército comenzaron a trabajar en obras de “urbanización”.

Al respecto Di Filippo planteó el nivel de difusión que cobró la asignación de personal militar para obras en el barrio “solamente responde a una operación mediática que tiene que ver con intentar blanquear un poco la figura de Milani”, que es la cabeza de un Ejército muy cuestionado que “hasta hace unos años atrás tenía un programa dentro de su funcionamiento que se llamaba Proyecto X, en el que hacía inteligencia sobre las organizaciones sociales”.

También señaló que, “más allá del respeto que tenemos por Hebe y por su espacio de Madres”, es difícil aceptar que “vuelvan a insistir con la ocasión de incidir con la política de incidir sobre la política habitacional después del desastre que han hecho con la Fundación. Ha sido un robo alevoso lo que ha producido la Fundación. Obviamente que hay responsabilidades políticas de entregarle esa cantidad de dinero a la Fundación y hay responsabilidades específicas de los Shocklender a la hora de administrarlo”.

Luego señaló que otro problema fue que esta decisión no se tomó con los vecinos: “no hubo ninguna asamblea a donde se planteara esto, no hubo ningún espacio de discusión con los vecinos para ver si querían su presencia allí”. Y agregó: “¿A quién le gustaría levantarse a la mañana y encontrar a 30 militares en la puerta de su casa?”

Di Filippo también indicó que se hubiera podido utilizar los organismos participativos generados por los proyectos de urbanización de la Villa 31, en 2009, que contemplaban una mesa participativa de integración con diversos vecinos y observó que es contradictoria la aprobación de estos modelos para que luego se de “este nivel de intervención sobre un asentamiento, de manera discrecional, sin dialogar con los vecinos”.

Más adelante, el ex legislador polemizó con el concepto de que lo que está haciendo allí el Ejército es urbanización: “La urbanización es un concepto más amplio, que reivindica no solamente el derecho a la vivienda sino el derecho al hábitat, la integración urbana. Y lo que se está haciendo ahora son obras que es responsabilidad del Gobierno de la Ciudad hacerlas”. En ese sentido, no desconoció la importancia de que el Estado Nacional decida invertir en obras en la Ciudad, pero recordó que esto se hace sin que se resuelvan otras disputas, como la del Plan Federal de Vivienda por el que Nación “debería destinar dinero a la Ciudad y siempre hay una reticencia porque hay una administración en la Ciudad que no es del mismo color político”.

Sin embargo, opinó Di Filippo, estos conflictos entre Nación y Ciudad se dan en el marco de una cantidad de acuerdos de fondos, que caracterizó como parte del “Pacto PRO-K”, en el que “se ven los niveles de coincidencia entre el Estado nacional y el de la ciudad. Para ponerse de acuerdo a la hora de fomentar la especulación inmobiliaria, para generar procesos de revalorización de la tierra, que lo que hace es expulsar paulatinamente a los sectores populares, hay un acuerdo muy rápido, muy pronto”. Pero no hay acuerdo, por ejemplo, para resolver la urbanización de la Villa 31, concluyó, “para eso no hay acuerdo, pero para la especulación inmobiliaria sí”.

Finalmente, Di Filippo comentó que recientemente han presentado un proyecto en la Legislatura de la Ciudad para darle un destino a los inmuebles ociosos en la ciudad: “hay cerca de 100 mil inmuebles vacíos en la Ciudad de Buenos Aires, que serían justamente los 100 mil inmuebles que hacen falta para las 100 mil familias que tienen un grado de emergencia habitacional severo”.

Finalmente, recordó que en los últimos años Macri vetó un proyecto de ley sobre la emergencia habitacional que “no solamente tenía que ver con declarar la emergencia sino con generar herramientas para paliar esa emergencia, un fondo específico para esa ley, prohibir los desalojos por parte del Estado -que se ha convertido en el mayor desalojador a partir de la gestión de Mauricio Macri- de habitantes de la ciudad”. Y concluyó: “Está claro que hay que declarar la emergencia pero, más allá de que se declare públicamente o a través de alguna ley, sabemos que existe”.