22 abril, 2014
Justicia por Maximiliano Díaz Subils
El abogado Fabio Villarruel, de la Asociación Miguel Bru, confirmó que estaría por elevarse a juicio el caso del joven Maximiliano Díaz Subils, muerto por desatención médica y policial en la Comisaría 6° de Tolosa en febrero de 2006.

El abogado Fabio Villarruel, de la Asociación Miguel Bru, confirmó que estaría por elevarse a juicio el caso del joven Maximiliano Díaz Subils, muerto por desatención médica y policial en la Comisaría 6° de Tolosa en febrero de 2006.
En diálogo con FM Radionautas, Fabio Villarruel, abogado y miembro de la Asociación Miguel Bru, dio detalles acerca de la investigación por la muerte de Maximiliano Díaz Subils, joven de 20 años detenido en 2006, quien murió en un calabozo de la comisaría 6ª de Tolosa por desaprensión en la atención médica hospitalaria y abuso de policías bonaerenses. En el caso, que a más de 8 años de la muerte de Maxi aún está en etapa investigación, hay 9 imputados entre personal médico y policial.
Explica Villarruel: “Maxi estaba alojado en la Comisaría 6° de Tolosa y más o menos el martes 14 de febrero de año 2006 empieza a solicitar al personal policial que lo lleve al médico porque se sentía mal. Sus pedidos eran acompañados por los de sus compañeros, pero así y todo estuvo 4 días sin atención médica”. Luego el joven fue trasladado a la guardia del Hospital Gutiérrez, donde lo diagnostican mal y le inyectan penicilina. Pero “Maxi era alérgico a la penicilina así que se brotó y la patología de base quedó enmascarada”.
A posteriori es trasladado al Hospital Gonnet y, después de tratar su brote alérgico, una médica descubre que su problema es pulmonar, lo medica y lo vuelve a derivar a la comisaría, aclarando que en 24 horas tenía que volver para continuar con el tratamiento. Sin embargo, Maxi continúa empeorando y el sábado 18 de febrero por la tarde el personal policial vuelve a llevarlo al Hospital Gonnet. Pero allí, explica el abogado de la familia Díaz Subils, “quien estaba como jefe de Guardia se niega a asistirlo, manifestando que lo que tenía eran mañas, al punto que ni siquiera deja que lo bajen del patrullero, ni le ve la cara directamente”.
Por lo tanto el joven vuelve a la comisaría y el personal policial lo amenaza para que no insista con su reclamo de atención médica porque “lo iban a trasladar a un penal”. Cuenta Villarruel que “esto le genera mucha angustia a Maxi, sobre todo porque él era primario, no tenía antecedentes y jamás había pisado un penal y le daba pánico esa posibilidad”. Mientras tanto, sus compañeros de detención, que lo veían empeorar, seguía reclamando un traslado al hospital y como no tenían respuesta policial “rompieron a patadas las bisagras del calabozo”. Así y todo, la Policía continuó indiferente y Maxi acabó falleciendo, después de 14 horas de agonía, en un calabozo de la Comisaría 6° de Tolosa.
A lo largo de los últimos 8 años la causa intentó ser llevada a juicio dos veces simplemente como un caso de “una cuestión de homicidio culposo, una mala praxis médica, un mal diagnóstico”, cuenta Villarruel. Pero la asistencia legal y los reclamos familiares lograron frenar esas iniciativas e imputar a 9 personas (cuatro médicos y cinco policías bonaerenses): “Tenemos tres médicas que están imputadas de homicidio culposo. Después hay un médico, la persona que estaba de jefe de Turno en el hospital de Gonnet aquél 18 de febrero, junto con tres funcionarios policiales -dos jefes de turno y un oficial de servicio- que están imputados de abandono de persona seguido de muerte. Y después hay otro personal policial que está imputado de encubrimiento y falsedad ideológica sobre instrumento público. Y otro de coacciones agravadas”. Las penas previstas para estos delitos son de entre 5 y 15 años de prisión.
El abogado concluye informando que este próximo 30 de abril se concluiría la etapa de investigación de la causa, en la que finalmente los imputados fueron llamados a prestar declaración indagatoria, y recién después se elevaría el caso a juicio. “Pero yo no sé cuándo porque eso depende de la agenda de cada tribunal, de qué tribunal toque”, concluye Villarruel, quien considera un logro importante para la familia de Maxi el haber “logrado que la Fiscalía (a cargo de Alejandro Marchet) se haga eco de nuestro reclamo después de ocho años”.
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