«Son planes meramente declamativos»

Pedro Rodríguez, el presidente de la Red de Jueces Bonaerenses, en diálogo con FM Radionauta, sostuvo que la declaración de la emergencia de seguridad decidida por el gobernador Scioli es “preocupante” porque “hay medidas idénticas tomadas hace diez años que se han caracterizado por el fracaso”.

En diálogo matutino con FM Radionauta el juez Pedro Rodríguez, presidente de la Red de Jueces Bonaerenses, explicó en relación con la propuesta de emergencia en seguridad para la provincia de Buenos Aires: “Nos preocupa que se vuelvan a tomar medidas que ya se habían ordenado, dispuesto hace muy poco tiempo atrás. Hay medidas similares tomadas dos años atrás, hay idénticas medidas tomadas hace diez años, durante el gobierno de Felipe Solá, que se han caracterizado por el fracaso, porque quedaron en iniciativas, porque no se profundizaron tampoco”.

Según Rodríguez es preocupante que la mayoría de las propuestas se limiten a “modificar dos, tres o veinte artículos de un Código Procesal ya recontra retocado” (el  Código Procesal Bonaerense tiene 20 modificaciones desde el 1998) y que además sean todas en el mismo sentido: “retocar lo de las excarcelaciones, dar vueltas sobre el mismo tema”.

Rodríguez también señaló que es un error intentar combatir el problema de la inseguridad sólo con modificaciones procesales y dándole más atribuciones a la Policía, porque los problemas son más de fondo y tienen que ver tanto con reales problemas presupuestarios de la institución policial y con una crisis del Servicio Penitenciario (“hay superpoblación en muchas unidades carcelarias”) como con cuestiones vinculadas a la educación: “A nivel educación hay enormes limitaciones en la educación en la Provincia de Buenos Aires. Hay problemas de toda índole. Hemos visto un paro docente, un conflicto enorme que dejó a los niños sin clases. Y todo esto está vinculado, no son fenómenos aislados. El joven que no recibe una formación suficiente no está en condiciones de insertarse en el mercado laboral hoy y en consecuencia pasa a engrosar el número de jóvenes que no trabajan ni estudian, que en los menores de 26 es gravísimo en la Provincia de Buenos Aires, alrededor de 400 mil”. Y frente a esta grave problemática, las resoluciones oficiales, afirma el juez, son “meramente asistencialistas”.

Luego cuestionó el discurso de Scioli planteando que “pareciera como que el Poder Ejecutivo se suma a esta campañas de acusar al Poder Judicial por las libertades, por las excarcelaciones”, pero “el problema no está ahí”, sostuvo Rodríguez:  “Nuestra gran preocupación es que estos planes son declamativos, parecieran pensados para llamar la atención y son una repetición de las mismas fórmulas que se vienen aplicando hace años. Se hacen anuncios rimbombantes y en definitiva los recursos que sí se tienen que usar no se están implementando a fondo ni se está controlando bien”.

En cuanto a la declaración de emergencia, sin embargo, rescató que lo más positivo tiene que ver con la convocatoria al Consejo de Seguridad y a la Mesa de Justicia: “Esos aspectos sí son positivos porque la gravedad de la situación amerita que se convoque a todos los sectores para opinar sobre eso”. Luego planteó que esta convocatoria es una oportunidad para realizar un diagnóstico más realista de la situación en la provincia y para que “de todo eso se logre un consenso y se hagan políticas de Estado para que duren muchos años”.

En lo que hace a la discusión sobre el anteproyecto de nuevo Código Civil Rodríguez opinó que es muy positivo el inicio del debate público, con la participación de las distintas universidades del país, porque “el problema es que se habían tomado asapectos parciales o se habían parcializado ciertas cuestiones del Código y no se estaba discutiendo el conjunto”.

Más en general, el juez consideró que el anteproyecto de nuevo Código Civil, elaborado por la comisión integrada por León Arslanian, Raúl Zaffaroni, Federico Pinedo, Ricardo Gil Lavedra y María Elena Barbagelata, a quienes consideró “juristas del más alto nivel”, “tiene un montón de ventajas”. “El problema es que se discutan estos temas bien y no se generalice cometiendo errores y diciendo, por ejemplo, que baja las penas de todos los delitos”.

Luego explicó que en realidad el anteproyecto “crea nuevos delitos y aumenta las penas de la mayoría. Esa es la realidad. Todas las condenas pasarían a ser de cumplimiento efectivo”. Más allá de eso, planteó que, en tanto anteproyecto, tiene muchos aspectos que se pueden discutir, entre ellos “el problema de la reincidencia o del agravante por condenas anteriores, que no lo incluye”.

Finalmente, Rodríguez planteó que el proyecto elaborado por la comisión Zaffaroni: “Elimina una serie de contradicciones. Tiene una parte general que supera problemas que teníamos en el pasado y que es producto de toda una consulta previa. Yo creo que el anteproyecto habría que discutirlo”.