Nueva audiencia en la batalla con los fondos buitre

La disputa que Argentina mantiene con los fondos buitre que no entraron en los canjes de deuda de los años 2005 y 2010 enfrenta un nuevo capítulo. El escenario ahora es la Corte Suprema de Estados Unidos. El máximo tribunal deberá expedirse sobre una causa paralela a la principal, denominada “discovery mundial”, en la cual los holdouts exigen ante la justicia poder obtener información sobre activos financieros argentinos en el exterior.

Argentina se encontrará este lunes frente a frente ante los fondos buitre, con la Corte Suprema de Estados Unidos como escenario, por el pleito que el país sostiene con los holdouts que no entraron en los canjes de deuda abiertos en 2005 y 2010. En este caso, la audiencia convocada para las 10 horas locales (11 horas de Argentina), no responde a la causa principal, que continua su tránsito por los tribunales norteamericanos, sino a una paralela, denominada “discovery mundial” o “Argentina versus NML Capital”.

La exigencia de los fondos buitre que llevan adelante esta causa radica en poder obtener información sobre los activos financieros que Argentina tenga en instituciones privadas con sede en Estados Unidos, para de esta forma poder conseguir el embargo de dichos activos en compensación de la deuda que estos fondos aducen el país tiene con ellos.

En las dos instancias judiciales anteriores, tanto ante los tribunales neoyorquinos como frente a la Cámara de Apelaciones, los holdouts capitaneados por Paul Singer, de NML Capital, consiguieron fallos favorables, lo que les permitió obtener información financiera sobre Argentina de bancos como JP Morgan Chase, Citibank y Deutsche Bank. Ahora es el turno de la Corte Suprema, que hizo a lugar al pedido de tomar el caso.

La defensa argentina, a cargo de Jonathan Blackman, del estudio de abogados Cleary & Gottlieb, sostiene que en caso de que la Corte se pronuncie a favor de los holdouts, se estaría incurriendo en una violación de la ley de inmunidad soberana (FISA). Según el escrito presentado ante la el máximo tribunal, la posición argentina sostiene: “Si los holdouts tienen dificultades para hacer efectivos los fallos que obtienen en su favor, es debido a que el Congreso [de los Estados Unidos] ha tomado la decisión de inmunizar los activos soberanos”.

En otro tramo del escrito se afirma que “al no haber ley de quiebras para Estados que se vuelven insolventes, los holdouts son libres de querellar para obtener más dinero, pero no sería razonable esperar que los Estados los prefieran antes que a los inversores que confiaron y aceptaron sus propuestas», en clara alusión al resto de los bonistas que entraron en los canjes de deuda de años anteriores y constituyen el 92% del total de inversores que componían la deuda, siendo el restante 8%, los fondos buitre que exigen el total de lo acordado, sin quita alguna.

En este pleito desarrollado ante los tribunales norteamericanos, ambas partes se han encargado de presentar los llamados recursos de “amicus curiae” o amigos de la corte. En apoyo de la posición argentina se han pronunciado por un lado el Departamento de Justicia de Estados Unidos, por intermedio del fiscal general Donald Varrilli, quien sostuvo que la interpretación judicial sobre los pedidos de información de los bienes de un país extranjero suponen “preocupaciones significativas de política exterior para los Estados Unidos”. Por otra lado, este lunes ante el estrado se pronunciara también a favor de Argentina, Edwin Kneedler, que oficia de procurador general adjunto.

Los fondos buitre por su parte han obtenido un curioso apoyo por parte de familiares de víctimas del terrorismo, por intermedio de un escrito que afirma: «Si la Argentina puede eludir el descubrimiento de sus activos en este caso, los Estados que patrocinan el terrorismo podrán hacer lo mismo”. Este escrito se monta sobre una campaña mediática que los fondos buitre, junto a políticos conservadores, llevaron adelante a fines del año pasado, en la cual se buscaba criticar la posición argentina aludiendo a los vínculos que existían con Irán, en tiempos que el memorándum de entendimiento no era todavía letra muerta. Dicha campaña contó con solicitadas en los principales periódicos de Estados Unidos.

La batalla legal que Argentina enfrenta con los holdouts que se negaron a entrar a los canjes abiertos años anteriores ha sido calificada por la prensa económica como el “juicio del siglo” y mantiene en vilo al mundo de las finanzas. Lo que determine la Corte Suprema sentará precedente para los próximos litigios que países tenedores de deuda deban afrontar en el futuro. En el caso argentino se ven reflejados por ejemplo naciones como Grecia.

Argentina se aferra a la cláusula pari passu, de tratamiento igualitario, mediante la cual exige a los holdouts que no entraron en canjes anteriores respetar los acuerdos obtenidos con el 92% de los bonistas y, por lo tanto, se sostiene la imposibilidad de pagarles el total del monto adeudado cuya cifra asciende con intereses incluidos a 1300 millones de dólares.

En caso de obtener un revés judicial en los tribunales neoyorquinos, Argentina se vería obligada a pagar el total de lo exigido, llevando al país al riesgo de caer en un default técnico y abriendo la puerta para que tenedores de bonos que ya cobraron su deuda, con quita, ahora se presenten en la justicia para reclamar por el total de la misma.

La última palabra la tiene ahora la Corte Suprema, habiendo recibido Argentina dos fallos negativos ante el juez Thomas Griesa, primero, y ante la Cámara de Apelaciones, después. Con el apoyo del gobierno de Estados Unidos, el Bank Of New York, a los que se suman los pronunciamientos de México, Brasil y el G-24 (grupo de países de Asia, África y América Latina), desde el ejecutivo nacional se espera un fallo favorable que de por terminado el pleito y no sume un nuevo frente de tormenta en el ya problemático escenario económico local.