Macri le vende 3,7 hectáreas de la Ciudad a un privado

Los terrenos están destinados a la construcción de una nueva estación terminal de ómnibus en el barrio de Villa Soldati. El contrato, negociado a través de la Corporación Sur, tiene el formato de leasing con lo cual la empresa TEBA S. A. será propietaria de las tierras -y no solo de la concesión- por un plazo estimado de 12 años.

Llamada oficialmente «Dellepiane» y bautizada por los medios como «Retiro II», la estación terminal de ómnibus que absorberá el 40% de pasajeros de Retiro se emplazará en la Comuna 8 de la Ciudad. Así lo indica el proyecto que presentó el año pasado el ministro de Desarrollo Económico porteño, Francisco Cabrera, y cuyo impacto se dio a conocer en profundidad esta semana tras un informe publicado por el legislador Rafael Gentili.

Se trata de un predio de 37.212 metros cuadrados ubicado en la intersección de la Autopista L. Dellepiane y Lacarra que pertenece actualmente a la Ciudad de Buenos Aires. A través de la Corporación Sur, fue licitado en 2012 en respuesta a la solicitud de la empresa TEBA S.A. (actual operador de la Terminal de Retiro). El único oferente fue la empresa solicitante, quien fue finalmente la adjudicataria.

La nueva terminal del sur tiene programadas 48 dársenas de ascenso y descenso de pasajeros, una dársena para taxis y otra para líneas de colectivos (con cinco paradas y refugios peatonales para que lleguen las 15 líneas de transporte urbano que circulan por el barrio). Además, 55 boleterías y playas de estacionamiento con capacidad para más de 440 vehículos: 400 particulares, 10 remises, 10 combis o minibuses y 22 transportes de carga y descarga de encomiendas y mercaderías. Es decir, tiene una dimensión cercana a la mitad de la Terminal de Ómnibus de Retiro. Además, la Ciudad construirá una bajada de la autopista y una nueva estación del Subte E, para facilitar el acceso a la terminal.

“Compartimos la necesidad de una nueva estación terminal pero no nos parece que el modelo elegido sea el correcto”, dijo a Notas el legislador de la Ciudad Rafael Gentili (Izquierda Democrática), porque “se trata de un negocio perjudicial para el Estado porteño”. A cambio de financiar la obra de construcción de Nueva Terminal, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA), le venderá a TEBA S.A. bajo el sistema “leasing”, la tierra sobre la cual será construida esa estación. De esta manera, la tierra y la terminal pasan a ser propiedad de la empresa. “No hay concesión pública, es una terminal cien por ciento privada”, dijo Gentili.

“No hay nada que pueda hacer quien ofrece el contrato de leasing, en este caso la Corporación Sur para que, cuando llega el plazo si la empresa cumplió en tiempo y forma el pago de las cuotas, la empresa tenga la opción de compra”, explicó el legislador.

Y agregó: “Una vez hecha la estación y puesta en funcionamiento, la tierra va a ser privada, deja de ser pública y no hay ningún mecanismo de concesión en el medio, por lo tanto el Estado no va a tener ninguna capacidad sobre el funcionamiento de esa terminal”. Ni el gobierno de la Ciudad ni ninguno de todos los organismos de control público, tales como la Auditoría porteña o la Defensoría del Pueblo, podrán ejercer ningún control allí.

Si bien la Nueva Terminal de Ómnibus Sur va a absorber al 40% de los pasajeros, su rentabilidad va a ser mucho mayor que ese porcentaje, ya que va a tener más superficie para la explotación de “negocios colaterales”: locales, publicidad y estacionamiento.

“Hagamos cuentas”, propuso Gentili y recordó que en 2011 la Terminal de Retiro facturó $ 39,3 millones. El 40% de ese total representa 15,7 millones de pesos. En 7 años TEBA, con este nivel de ingresos, podría pagar el costo de la obra y parte del leasing. Y en los siguientes 5 años terminar de pagar el leasing. O sea que con los ingresos de 12 años por la explotación de la Terminal Retiro II, TEBA se queda con la propiedad completa.

Esto es posible, entre otras cosas por el Régimen de Iniciativa Privada que consiste en que alguna empresa puede detectar un problema de infraestructura del que el Estado no se puede hacer cargo -o no lo hace, más allá de su capacidad- y ofrecer un plan de trabajo al Estado. Por lo general, rutas y obra pública. La empresa consigue su forma de financiamiento y un plan de negocios que le presenta al Estado. Éste declara -o no- de interés público la propuesta y en ese caso llama a licitación. El privado que presenta el proyecto original siempre tiene preferencia en esa designación. En el caso de las rutas, suelen negociar que al finalizar la obra se quedan con los peajes por determinada cantidad de años para maximizar las ganancias luego de su inversión inicial.

“Lo particular de este caso es que en el medio meten la venta de la tierra”, comentó a Notas Gentili. “Estamos analizando la presentación de una medida judicial, pero por el momento avanzamos con dar conocimiento público e investigar en profundidad porque hay muy poca información al respecto”.

Una empresa que no nació ayer

Quien preside TEBA S.A es Néstor Otero, empresario del sector del transporte, quien a través de la concesionaria de Retiro “emprendió un franco proceso de expansión en el sector a través de inversiones en nuevas empresas operadoras de terminales como la de San Martín, la de San Rafael, Mar del Plata, la nueva terminal FerroAutomotora de La Plata y la Estación Once”, según indica el informe elaborado por el despacho de Gentili. En 1993 la empresa fue la adjudicataria de la concesión de la Terminal de Ómnibus de Retiro, con plazo de vencimiento en 2005. El vencimiento del contrato de concesión dio lugar a una renegociación que estableció un nuevo contrato con un plazo de 10 años adicionales.

Dicha renegociación fue objeto de estudio por parte de la Auditoria General de la Nación quien objetó buena parte desempeño llevado adelante por TEBA S.A. Entre las observaciones de la AGN se menciona que “el Concesionario no viene dando cumplimiento a la totalidad de las obligaciones contenidas originariamente en el plexo normativo que regula la Concesión, las que no fueron relevadas por el acuerdo alcanzado en el marco de la renegociación analizada”. Sumado a ello, señala la AGN: “Durante los primeros 4 años de vigencia del Contrato, se produjeron reiterados incumplimientos por parte del Concesionario, tanto en el pago del canon como en la ejecución y finalización de las obras, lo cual configuraba causal objetiva de rescisión contractual”.

En 2005, luego de la pesificación del contrato a la salida de la convertibilidad y de distintos ajustes, el resultado del proceso de renegociación implicó una merma en el canon que pasó de U$s 411.725 mensuales en 1993 a $100.000 en 2014 (a razón de $1.200.000 anuales versus casi 5 millones de dólares en la década de 1990).

El citado informe de Gentili afirma que “el nuevo valor del canon mensual resulta insignificante en relación a los ingresos generados por la terminal de Retiro”. “En relación a la totalidad de los ingresos de la empresa, el valor del canon anual representó, en 2011, solo el 3% de los ingresos”, agrega.

En 2013 la Cámara Federal confirmó que el ex secretario de transporte Ricardo Jaime debería ir a juicio oral y público como acusado por recibir dádivas por parte de empresarios del sector, entre los que se encuentra Néstor Otero.

“El empresario está acusado de pagar, a través de TEBA S.A., el alquiler de un departamento en Av. del Libertador al 600, donde vivía a Ricardo Jaime, al mismo tiempo en que éste debía fiscalizar el cumplimiento del contrato de la Terminal de Ómnibus de Retiro y renegociar la concesión”, concluye el informe.

Julia de Titto – @julitadt