“El derecho en Paraguay se suprimió”

En la noche del sábado 12 de abril, el Juzgado de Guaira otorgó finalmente la prisión domiciliaria a los cinco campesinos presos por el caso Curuguaty, que llevaban 58 días de huelga de hambre. Notas dialogó, en el marco de la Reunión de Coordinación Continental de los Movimientos Sociales hacia el ALBA, con Cyntia González, de CONAMURI, sobre este tema y la situación actual del pueblo en Paraguay.

Curuguaty marcó el inicio de una silenciosa y oscura etapa en Paraguay. La matanza de once campesinos y seis policías -que contó con la participación de francotiradores y sicarios aún no identificados- fue el argumento que utilizó la derecha paraguaya para dar un golpe parlamentario contra el presidente constitucional Fernando Lugo.

El 22 de junio de 2012 -en un solo día- se realizó el juicio político que, sin contar con la presentación de pruebas, destituyó al presidente e instaló el gobierno de facto de Federico Franco. A pesar de las objeciones de organismos internacionales y la masiva protesta del pueblo en las calles, los partidos Liberal y Colorado, que históricamente gobernaron este país, sellaron una nueva alianza para reinstalarse en el poder.

“La matanza del 15 de junio (de 2012) estuvo planificada por la derecha paraguaya para buscar una razón que justifique la destitución del presidente Lugo”, dice Cyntia González, joven militante de la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas (CONAMURI). Desde 1999, CONAMURI trabaja por los derechos de las mujeres campesinas e indígenas y por la soberanía alimentaria, mediante la recuperación de semillas orgánicas y el trabajo colectivo de las mujeres. “El derecho en Paraguay se suprimió, no existe”, agrega Cyntia. “Y no importan las opiniones internacionales: las exigencias del exterior no tiene validez en nuestro país”.

Quién gobierna y quién padece en Paraguay

En un contexto de violencia y amenazas, el 21 de abril de 2013 se llevaron a cabo las elecciones donde resultó electo Horacio Cartes, candidato del Partido Colorado. Este nuevo presidente, empresario tabacalero y propietario de más de 26 empresas en el país, se formó en Estados Unidos. Fue acusado por contrabando, narcotráfico, evasión de impuestos, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, incluso por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, aunque estas acusaciones no han sido comprobadas. Mantiene vínculos regulares con Estados Unidos y Brasil, donde también posee empresas. En enero de 2012, un cable de Wikileaks señaló a Cartes como “cabeza de organización de lavado de dinero en la Triple Frontera” de Brasil, Argentina y Paraguay.

“Para nosotras, el presidente que tenemos es un presidente golpista, porque participó en el golpe que se provocó en base a los diecisiete muertos de Curuguaty. Con el golpe se evidenció que el problema de fondo es el latifundio. Con su gobierno se profundizó la violencia en nuestro país y más hacia las mujeres”, relata Cyntia. La restauración del bipartidismo en Paraguay implicó un fuerte retroceso en la situación económica de los campesinos y las campesinas, cuyas fuentes de alimentación y de trabajo se encuentran amenazadas por la concentración de la tierra y el monocultivo de soja transgénica.

“La violencia del gobierno de Cartes se profundiza más con la Ley de Alianza Público Privada (APP) que puso este gobierno, que es una ley de privatización. La privatización y el latifundio afectan directamente nuestra alimentación, que hoy está en su totalidad contaminada con agrotóxicos. Tenemos mucha gente enferma en los pueblos por esta causa. Nos afecta incluso más a las mujeres, que somos quienes tenemos la responsabilidad de alimentar a nuestros hijos”, explica González. “Y si denunciamos eso, nadie nos hace caso. También hay mucha dirigencia perseguida, más de cien personas asesinadas en el último tiempo, con casos completamente impunes”.

El 26 de marzo pasado, una masiva huelga general convocó a todos los sectores trabajadores del país, que se expresaron enfáticamente en contra de las medidas económicas del gobierno. Sin embargo, no ha habido respuestas concretas a los reclamos, centrados en la derogación de la APP. “Creemos que dentro de América Latina, Paraguay es uno de los ejemplos que tenemos a nuestra vista de cómo se violan los derechos humanos y de las formas de atacar a los pueblos, que adopta formas más finas y detalladas cada día”.

El caso Curuguaty hoy

Arnaldo Quintana, Adalberto Castro, Felipe Benítez Balmori, Néstor Castro y Rubén Villalba son los actuales acusados por la masacre de Curuguaty. Sin embargo, hasta el momento no se han presentado pruebas materiales que den evidencia de estas acusaciones del fiscal Rachid. Por esta razón, familiares y amigos de los campesinos presos han recurrido a la denuncia internacional.

“Como en nuestro país no hemos logrado respuestas, hemos recurrido a la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) con dos pedidos: una medida preventiva domiciliaria a los compañeros presos y el pedido de presentación de las pruebas que dicen tener en su contra”, informa González.

“En nuestro país hay una violación sistemática de los derechos. No hay derechos humanos para nadie, y quienes los defienden son acusados, perseguidos y mediáticamente atacados”, afirma. Y agrega: “Es un momento en el que realmente necesitamos un apoyo de solidaridad con mucha fuerza, en todos los sentidos, sino esto no se va a revertir, porque los compañeros no son simples presos. Ellos fueron la razón que la gente de derecha inventó como culpable para que tenga sentido el golpe de Estado de junio de 2012. Son una pieza fundamental en la historia de Paraguay”.

Micaela Ryan, desde Caracas – @sihay11habra13