Quinta audiencia por la Tragedia de Once

El juicio por la Tragedia de Once tendrá este lunes su quinta jornada. En el salón Auditorio de los tribunales de Comodoro Py 2002 continuarán las declaraciones indagatorias que comenzaron el martes pasado donde declaró el maquinista, Marcos Córdoba, y tres empleados de TBA.

La sala presidida por los camaristas Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Alberto Tassara y Jorge Luciano Gorini, abrirá sus puertas a la quinta audiencia por el juicio de la tragedia que causó la muerte de 51 personas y más de 700 heridos en la estación de Once. Las primeras audiencias fueron las presentaciones que dejaron entrever las distintas estrategias de los 29 imputados y las dos querellas que quedan en pie (luego de que dos de ellas arreglaran un acuerdo extrajudicial con Trenes de Buenos Aires -TBA- y se bajaran del juicio).

Durante la jornada de hoy los magistrados deberán continuar con la declaración indagatoria a los acusados restantes, ya que el martes pasado declararon en primer lugar el motorman de las formación que impactó contra el andén 2, Marcos Córdoba; el ex jefe de depósito de Castelar, Pedro Roque Rainieri; el ex gerente de TBA, Luis Alberto Ninoná; el ex jefe de material rodante de TBA, Roque Angel Cirigliano; y el ex gerente del ferrocarril Sarmiento, Daniel Lodola.

Para el lunes se estima que la lista continué con otros funcionarios de la empresa TBA. Habrá que esperar hasta las últimas jornadas de indagatorias para que llegue el turno de los funcionarios de la cartera de transporte, los ex titulares de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, Ricardo Sicaro y Pedro Ochoa, el ex subsecretario de Transporte Ferroviario, Antonio Luna; y los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi que declararán últimos en ese mismo orden.

El dato más llamativo de la última audiencia fueron las declaraciones del abogado de una de las querellas, Gregorio Dalbón, quién luego de escuchar la declaración del motorman salió a las escaleras de Comodoro Py y dijo a los medios que el juicio ya estaba resuelto ya que interpretó que el motorman se había “autoincriminado” en su declaración. Las conclusiones de Dalbón tiene que ver con su estrategia de desviar el juicio en dos canales (estrategia que también persiguen los abogados de los imputados), ya que para el abogado querellante la responsabilidad del choque de Once le corresponde al motorman; mientras que la responsabilidad por el uso de los subsidios y el control de los mismos no se debe realizar en este tribunal sino que debe seguir su curso en el Juzgado Federal N°2 a cargo del juez Sebastián Ramos donde también están siendo juzgados los funcionarios y empresarios.

El argumento que esgrimen Dalbón y de los abogados de los acusados, es que no pueden ser juzgados por el mismo delito en dos procesos distintos. De esta manera Dalbón busca que el proceso a los acusados por uso fraudulento de los subsidios, sea realizado por Ramos, ya que considera que el juicio de Once fue “politizado” por el juez Claudio Bonadío y puede llegar a dejar impunes a los responsables del abandono del ferrocarril.

No piensa lo mismo la querella a cargo de Leonardo Menghini y Leila Leiva, qué interpretó algo muy distinto a lo que expresó Dalbón. “Se aclara especialmente que Córdoba no sólo no se incriminó sino que describió el mal funcionamiento de los frenos, por lo cual la causa, contrariamente a la maliciosa versión circulante, no sólo no está definida sino que está más abierta que nunca a determinar la responsabilidad de empresarios y funcionarios”.

Sin embargo, por el momento la actitud del tribunal es continuar con los pedidos del fiscal Delgado quien acusó de presunta complicidad entre la empresa TBA y la Secretaría de Transporte en el uso de los subsidios que entregó el Estado Nacional a la empresa, lo que llevó a la “inevitable” tragedia del 22 de febrero de 2012.

Estrategias

Todos los cañones apuntan a Córdoba. Desde que se conocieron las pericias técnicas sobre el tren chapa 16, tomaron más fuerza los argumentos que culpan al motorman. Con esta estrategia se convierte a Córdoba en el único acusado por el delito de “estrago doloso”, mientras que los 28 acusados restantes, funcionarios y técnicos de la empresa, sólo serían acusados por uso fraudulento de subsidios. La defensa de Córdoba y la querella de los familiares que encabeza Menghini y Leiva reconocen que en realidad el maquinista solo fue una víctima más del abandono del servicio ferroviario por parte del Estado y la empresa concesionaria.

En la jornada pasada, cuando el tribunal no hizo lugar a los pedidos de nulidad por elevación a juicio pedido por las defensas de todos los acusados se vio que la actitud del tribunal será por momento dar pleno desarrollo al procedimiento. De esta manera se espera para las próximas jornadas que declaren los 25 acusados restantes y más de 300 testigos. El alto número de testigos hace presumir que recién a fin de año será el momento de escuchar la resolución del tribunal. Si esto sucede, el juicio que tardó 755 días en llegar, podría dar una sentencia ejemplar para hacer justicia por las 51 víctimas del abandono del sistema ferroviario.