Un crimen social

A un año de las inundaciones que enlutaron la ciudad de La Plata, las asambleas vecinales, organizaciones sociales y familiares de víctimas declararon que no se trató de una tragedia sino de un crimen social cuyos responsables son los gobiernos municipal, provincial y nacional.

En la ciudad de La Plata se realizaron este miércoles una infinidad de actividades conmemorativas del primer aniversario de las inundaciones del 2 de abril de 2013. Su epicentro fue Plaza Moreno, centro geográfico de la ciudad, donde desde muy temprano comenzaron los actos para recordar aquella catástrofe socio ambiental.

El primero en realizar su homenaje fue el intendente Pablo Bruera. A las 7 de la mañana, horario en el que la ciudad aún estaba desierta por el feriado, descubrió la piedra basal de lo que va a ser un monumento en honor a las víctimas de la inundación frente a la municipalidad. Con la presencia de un puñado de integrantes de la Asociación Familiares de Víctimas Fatales del 2 de Abril, una de las pocas organizaciones cercana al intendente, y algún periodista avisado por el municipio a tardías horas de la noche anterior, el acto duró unos pocos minutos y sin declaraciones oficiales.

Bruera, quien es fuertemente cuestionado por ser considerado uno de los responsables de la tragedia -hecho que le costó su carrera hacia el gobierno provincial y un duro revés electoral en octubre pasado-, había declarado el martes el Día de Luto para todo el territorio municipal este 2 de abril.

Muy diferentes fueron las actividades que se realizaron a partir del mediodía. En la misma Plaza Moreno, la Unión de Asambleas Barriales 2 de Abril, organización conformada por las diferentes asambleas de vecinos autoconvocados en toda la región, llevó a cabo una serie de charlas, muestras fotográficas e intervenciones artísticas. Entre los invitados se destacó el juez en lo Contencioso y Administrativo de La Plata, Luis Federico Arias, quien hace pocos días dictó un fallo que eleva la cantidad de víctimas fatales de la inundación a 89.

En su extensa resolución, Arias cargó duro contra el gobierno de Daniel Scioli, que hasta ese momento sólo había reconocido 67 fallecimientos, y obligó al Gobierno de la Provincia a difundir la cifra real de muertos «por los mismos medios de comunicación que utilizó para difundir la información inexacta».

El mismo juez ordenó a Gendarmería la confección de un informe detallado sobre la situación de la morgue de La Plata, luego de dar cauce a una serie de denuncias sobre la falsificación de certificados de fallecimiento y ocultamiento de cadáveres de víctimas de las inundaciones. El martes dictó una medida cautelar para que no ingresen más cuerpos en la morgue “hasta tanto se protocolice y transparente su funcionamiento”, y obligó a la provincia a apartar a los policías encargados. En su intervención, Arias volvió a cargar contra las “múltiples irregularidades” cometidas en la investigación oficial e instó a las asambleas y familiares a acompañar la revisión que se está llevando a cabo de lo sucedido.

Ninguna tragedia

La Unión de Asambleas Barriales 2 de Abril dio a conocer, llegada ya la noche, un documento unificado donde declara la inundación como un crimen social. “Como todo crimen, éste tiene sus responsables, y son los gobiernos municipal, provincial y nacional”. Las organizaciones vecinales apuntaron contra el Municipio por haber permitido que se dieran las condiciones de semejante hecho, a través del fomento a la especulación inmobiliaria, a la Provincia, por no ejecutar las obras hídricas que ya se habían caratulado de urgentes, y a la Nación, por dejar desamparados los platenses durante y después de la inundación.

Los informes redactados antes y después del 2 de abril pasado revelan que la aplicación del Código de Ordenamiento Urbano, impulsado por el entonces intendente Julio Alak -hoy ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación- y profundizado luego bajo la intendencia de Bruera, permitió la construcción desmedida de edificios imposibilitando el desagüe de la ciudad. Sólo entre 2011 y 2013 se construyeron más de un millón de metros cuadrados, cuyo caudal en servicios -agua, basura etc.- estaba muy por encima de las posibilidades de la ciudad.

A esto se le suman los actos del intendente que fogonearon el repudio por parte de los vecinos. El día siguiente a la inundación, Bruera afirmó vía Twitter que se encontraba “recorriendo los centros de evacuados”, frase acompañada por una foto falsa, mientras en realidad el mandatario estaba de vacaciones en Brasil.

Por su parte, la Provincia es responsable, según afirman los asambleístas en su documento, de desoír las múltiples advertencias de sus propios organismos sobre el riesgo hídrico en la región y, por el contrario, continuar la construcción de las autopistas sobre el Parque Pereyra Iraola, en Villa Elisa o hacia el Puerto de La Plata, obras de magnitud que contribuyeron al desenlace luctuoso.

Tanto el gobierno de Scioli como el de Cristina Fernández fueron blanco de la crítica durante el acto por la falta de un sistema de socorro y asistencia inmediatamente después de inundarse la ciudad. Los vecinos debieron autoevacuarse y organizarse solos para enfrentar lo sucedido, algo que fue descrito en el emotivo recorrido de “La situación del inundado”, cuya lectura concluyó el acto de la noche.

Efectivamente, el único informe confeccionado sobre esa situación, redactado por el Colegio de Trabajadores Sociales de la Provincia de Buenos Aires, da cuenta de que “las respuestas inmediatas y posteriores a la inundación surgieron casi exclusivamente de la sociedad civil”. Según el informe, sólo el 3% de los afectados recibió ayuda del Estado y el 80% del agua potable distribuida en esos días llegó gracias a los vecinos y no por acción oficial.