En Paraguay se complican las negociaciones

Después de la huelga general del 26 de marzo que paralizó el país, algunos sindicatos y organizaciones campesinas aceptaron una mesa de diálogo con el gobierno. Sin embargo otro amplio sector rechazó negociar hasta que no se derogué la ley de Alianza Público-Privada (APP).

Las negociaciones que se iniciaron entre el gobierno y algunos sindicatos que participaron de la huelga, los manifestantes reiteraron los reclamos de la jornada de paro: derogación de la Ley de Alianza Público-Privada (APP), el inmediato aumento salarial de 25% y una reforma agraria. Así como también aceptar la huelga, no descontar el día, ni judicializar la protesta.

Ninguna de estas demandas fue respondida hasta ahora, a una semana de aquella jornada. Por este motivo la Federación Nacional Campesina (FNC), la Corriente Sindical Clasista, la Organización de Trabajadores de la Educación y el partido Paraguay Pyahura criticaron las actuales conversaciones y siguen rechazando sentarse a dialogar.

La condición previa que ponen estas organizaciones para su asistencia a las mesas de diálogo es que el gobierno del presidente Horacio Cartes derogue la Ley de Alianza Público-Privada, considerada instrumento para privatizar las empresas estatales. En un documento publicado este jueves calificaron de “apresurada” la participación de los dirigentes sindicales asistentes a esos encuentros con el gobierno ya que sólo recibieron continuas negativas de la delegación oficial a eliminar tal normativa.

En el mismo texto recordaron el éxito de la paralización de labores efectuada y ratificaron que continuarán adelante con “la lucha por dejar sin efecto la ley privatizadora y lograr un verdadero modelo de desarrollo nacional”.

Aunque ya la APP obtuvo la aprobación parlamentaria, el Congreso paraguayo deberá definir su posición ahora ante un proyecto de ley presentado por el Frente Guasú (partido del ex presidente Fernando Lugo) pidiendo su revocación y otro de un grupo de legisladores solicitando convocar a un referéndum para escuchar la opinión ciudadana sobre el tema.

Si el Ejecutivo logra superar esas barreras, será la hora de comenzar a debatir la nueva proposición gubernamental que implica aprobar o rechazar la ley de seguridad a las inversiones extranjeras, complementaria de la APP.