Que no decaiga

Un análisis de los datos de la última década respecto a la evolución del salario real. Las últimas medidas del gobierno y las posibles soluciones a un problema que persiste.

La recuperación del nivel de empleo y del poder de compra del salario jugó un papel protagónico en el proceso de crecimiento económico de la última década. De hecho, el crecimiento “tirado por salarios” ha sido un rótulo muy utilizado a la hora de resaltar el virtuosismo del patrón de acumulación durante la post convertibilidad. Sin embargo, la “restricción externa”, siempre latente, se hizo notar, ayudada como es habitual por el poder económico que conforma la “restricción interna”, también siempre al acecho. Pero una vez superada la corrida cambiaria, es el efecto de la devaluación en los precios lo que cobra una relevancia excluyente en el corto plazo.

El desafío actual del Gobierno no es menor, dado que se encuentra amenazado uno de los principales pilares del “modelo”: el poder de compra de los trabajadores.

Luego de la agonía y el estallido de la convertibilidad, Argentina inició una fase de crecimiento económico en la que millones de personas desocupadas o inactivas pasaron a contar con un ingreso laboral. La consecuente reducción del desempleo fortaleció a la clase trabajadora en su conjunto, que logró una mayor capacidad de negociación. De esta forma, los aumentos salariales, aunque heterogéneos, impulsaron un acelerado crecimiento del consumo interno.

A esta dinámica se le sumaron políticas de ingreso desde el Estado que apuntalaron el consumo de sectores vulnerables (principalmente jubilados y trabajadores desocupados o informales con hijos) y también establecieron en alguna medida un piso mínimo al ingreso laboral informal. Así, el salario real promedio (en base al IPC 9 provincias elaborado por CIFRA-CTA) aumentó aproximadamente un 27% entre 2003 y 2013. Como resultado, el Producto Interno Bruto (PIB) creció un 7% anual promedio en el mismo período, mientras que el consumo aumentó a igual ritmo y explicó más del 70% del crecimiento total del PIB. Sin embargo, en 2013, hubo un estancamiento y eventual retroceso en el poder compra del salario. El reciente lanzamiento del Índice de Precios al Consumidor Nacional Urbano (IPCNU) implicó un sinceramiento oficial inédito en los últimos 7 años: 7,2% de inflación acumulada en los dos primeros meses del año. Sin embargo, la buena noticia de la recuperación del termómetro vino junto con un alza en la fiebre. En 2014 se estima otro hecho inédito en los últimos años: un retroceso significativo en el salario real.

El techo parece haberse tocado en 2012, cuando el salario real promedio, con toda la recuperación de 10 años mediante, su ubicó sólo un 3% por sobre el nivel de 2001. A su vez, esta mejora fue desigual al interior de la clase trabajadora. Mientras que los trabajadores registrados del sector privado lograron un aumento del 27% en comparación al 2001, el salario real de los no registrados (aproximadamente un tercio de los asalariados) sólo avanzó un 6%, y muy atrás le sigue el de los empleados estatales (14% del total), actualmente un 40% inferior al de 2001.

Si el 2013 ya había mostrado señales de alerta, el salto cambiario de enero pasado -que coronó una devaluación acumulada de 60% en los últimos 12 meses- complicó aún más el panorama.

En una nota publicada en Página12 en 2011, el CENDA, actual equipo que conduce la política económica, afirmaba: “En un contexto donde el reacomodamiento del precio relativo de los bienes no transables ocurre mediante un proceso inflacionario, el gobierno debe acompañar ese fenómeno con paulatinos aumentos del tipo de cambio nominal de manera de evitar la apreciación real de la moneda”. Y además agregaba: “No obstante, como ha pasado otras veces en la historia argentina, la protección cambiaria de la industria encuentra tarde o temprano sus límites, de modo que el manejo de la política cambiaria se enfrenta hoy con un dilema irresoluble: frenar la inflación utilizando al tipo de cambio como ancla nominal de la economía, o intentar recuperar competitividad por la vía de la devaluación, a riesgo de fogonear el proceso inflacionario y, con esto, ingresar en una espiral de difícil salida”.

Frente a este diagnóstico, la salida planteada era contundente: “Migrar desde un esquema de protección cambiaria a una estrategia basada explícitamente en la industrialización con un decidido involucramiento del Estado no sólo es el único camino posible hacia el desarrollo nacional, sino que constituye a la vez la única política antiinflacionaria efectiva que no busca la estabilidad de los precios a costa del estancamiento y, por tanto, de la represión de todas y cada una de las aspiraciones de la clase trabajadora”.

El síntoma de la inflación (cambiaria, oligopólica, importada, sobre lo que se monta la puja distributiva) se vincula a la estructura productiva argentina (desequilibrada, concentrada, extranjerizada, dependiente de importaciones). Pero estar bien enfocados en cuanto al diagnóstico no implica haber alcanzado la cura, sobre todo si el mal que nos aqueja está en los tuétanos del esqueleto productivo nacional. La transformación de la estructura productiva remite al largo plazo, mientras que los efectos inflacionarios de la devaluación vacían los bolsillos y reprimen las aspiraciones de los trabajadores en el corto plazo.

En la marcha del poder de compra de los salarios, está en juego el propio esquema macroeconómico. En este sentido, la reciente devaluación y la posición oficial que apunta a contener los reclamos salariales en paritarias no son señales auspiciosas. Los próximos meses tienen una importancia crucial, pero los precios ya corren con ventaja. Hasta el momento el control de los precios se ha mostrado incapaz de frenar el alza generalizada de los mismos como mostró el IPCNU. Por tanto, en los primeros meses del año se confirma la caída en los salarios reales, y al mismo tiempo se esfuma la “competitividad cambiaria” otorgada por la devaluación, al apreciarse el tipo de cambio en términos reales. En tal caso, los ganadores serán los representantes del capital concentrado, principalmente aquellos ligados a la exportación.

El 2014 se presenta entonces con un nuevo capítulo de la puja distributiva, en la que debe buscarse que no sean los salarios, y por ende el consumo de las clases populares, la variable de ajuste. Para ello, se requiere un avance del Estado no sólo en el control y monitoreo de los precios, sino también en políticas más complejas: el control directo de la distribución interna de alimentos, la planificación del comercio exterior y la recuperación de los puertos privatizados.

El kirchnerismo ha demostrado una rápida y audaz reacción en momentos de adversidad, como cuando luego de la derrota electoral de 2009 y en pleno impacto de la crisis económica internacional re estatizó el sistema previsional y creó la asignación universal por hijo.

Pero en este momento, a pesar del señalamiento de las presiones ejercidas por determinados grupos económicos, las últimas medidas implican otorgar importantes concesiones a estos mismos sectores. En esa línea se inscriben la devaluación y la política anti-inflacionaria que toma como principal eje la contención salarial. No existen soluciones mágicas, pero en este contexto, parece que no es posible esquivar el ajuste ortodoxo si no se llevan a cabo iniciativas que suponen tomar complejos riesgos políticos. En otras palabras, en momentos como este, si no se avanza se retrocede.

Andrés Cappa. Economista. Investigador del Instituto de Política y Economía “Siglo 21”.