Derechos Humanos

2 abril, 2014

David contra Goliat: Código penal y la violencia como mensaje

Por Joaquín Zajac. Los linchamientos producidos en diferentes partes del país a jóvenes de sectores populares reabren el debate sobre las exigencias de penas más duras, en medio de la discusión sobre el proyecto de reforma del Código Penal. Exclusión estructural, desintegración de lazos sociales y el rol de la violencia.

Por Joaquín Zajac*. Los linchamientos producidos en diferentes partes del país a jóvenes de sectores populares acusados de estar delinquiendo reabren el debate sobre las exigencias de mayor castigo y penas más duras, en medio de la discusión sobre el proyecto de reforma del Código Penal. Exclusión estructural, desintegración de lazos sociales y el rol de la violencia.

 

¿Por qué? Nos preguntábamos con indignación la semana pasada. Barbarie, irracionalidad, desmesura. Todas palabras que afloraban de solo pensar en la brutal escena de 50 cuerpos reventándole la vida a uno solo, por el presunto robo de una cartera. No ni la ley del talión, o el machista código de los machos amparan algo como esto. Y sin embargo, creemos fervientemente que la violencia irracional no existe. Para comprender la racionalidad de este hecho, debemos cambiar la pregunta: No es por qué, si no para qué, o mejor dicho, para quién, el asesinato de David. Entonces veremos como la desmesura, se convierte en cálculo, en intención. Aunque muchas veces no figure en la conciencia de los individuos que la perpetran, la violencia es siempre un mensaje, es un signo destinado a ser leído, interpretado, a producir efectos de poder.

¿Pero a quién iba dirigido el mensaje originalmente? En primer lugar, a los completamente «Otros», a los jóvenes, pobres, potenciales delincuentes. Por medio de la crueldad, de la saña, se intenta demostrar omnipotencia, y dejar en claro lo que estos jóvenes ya saben muy bien de todas formas: que la muerte está ahí, aguardándolos como una posibilidad. Por otro lado, también es un mensaje de fuerte contenido político. En medio de un debate instalado por sectores de derecha, contra la sanción de un nuevo código penal, que, supuestamente es menos represivo, la matanza actúa a la vez como demanda y como amenaza. Y lo demandado es lo mismo de siempre: Más castigo.

Pero repasando la historia ¿De dónde surge esta demanda? ¿Se puede decir que ha sido desatendida? Todo lo contrario. La política penal contra los delitos cometidos desde los sectores populares, contra la “inseguridad” ha sido en las últimas décadas cada vez más dura e intensa, a la vez que ineficaz. En primer término, tenemos el antecedente de la última dictadura militar, abocada a perseguir con un implacable despliegue de la fuerza, la defensa de la «seguridad nacional» amenazada por los «delincuentes subversivos», que fue tejiendo la densa trama de instituciones, discursos, y práctica de las fuerzas de seguridad basadas en la represión arbitraria e indiscriminada, la corrupción estructural, la falta de control civil y la autonomía de los gobiernos, situaciones que perduran al día de hoy.

Los fatídicos años 90’s agregaron otros ingredientes a la mezcla: Aniquilado el enemigo subversivo, las fuerzas de seguridad y sus aliados judiciales, civiles y mediáticos tenían que encontrar rápidamente un nuevo enemigo sobre el que apretar sus fauces: la creciente población excluida que iba produciendo el nuevo modelo de desempleo masivo y retirada del Estado social de los territorios más humildes. Esta población, cada vez más irreversiblemente excluida por el modelo económico, se ve además atraída al delito por una presión hacia el consumo inédita que llegó con la globalización, presión para el consumo que incluye también el abuso de sustancias y el crecimiento del negocio narco en sus barrios.

A esto se suma, un código penal cada vez más extenso, más punitivo y arbitrario. Una policía que gestiona el delito para su propio beneficio económico. Una justicia cada vez más selectiva, que deja en libertad a los delincuentes “de guante blanco” y encarcela a los pobres, y una cárcel que hace rato ya no pretende ocultar su verdadera función tras la fachada de la «resocialización»: ser un deposito, un campo de concentración para la marginalidad, esa población «excedente» que el sistema produce y reproduce sin cesar.

Sin embargo, la paradoja es que a la par del crecimiento del Estado penal, se da la probada ineficacia de esta respuesta, y una demanda de más represión que parece no cesar nunca. Como si la sed de más represión, se intentara saciar bebiendo el agua de mar de la violencia. Ahora, no conformes con la respuesta estatal, estos grupos organizan la suya propia, en parte también como un mensaje y un desafío al Estado.

En medio del debate del código penal, la derecha organizada en los medios de comunicación, y los políticos oportunistas olfatean el rédito electoral, se dedican a intentar utilizar en beneficio propio estos hechos, e intentan reforzar la idea de la violencia como expresión del hartazgo, y de que un nuevo código penal solo sirve si es más represivo que el anterior. Pero a contrario de lo que creen muchos “vecinos” de sectores medios altos y la derecha política y mediática, la violencia, sea perpetrada por la policía o los civiles, no actuará como mensaje “disuasivo” del delito.

Si desde esta pequeña trinchera intento dar un mensaje, es que más castigo, más violencia solo servirá para reproducirse a sí misma. No se trata de aumentar la intensidad de la respuesta, si no de un cambio radical en el modo de intervenir. Es necesaria una reforma integral de la policía, la justicia, el sistema penitenciario. Hace falta además la implementación de políticas que traigan integración social real para los barrios postergados. Diez años de crecimiento económico no han conseguido sacar de la marginalidad a amplios sectores de la población. Y la exclusión social, es el primer eslabón de la cadena de violencia que conduce a jóvenes como David primero al robo, y luego a su muerte.

Pero también es indispensable que desde el campo popular tengamos una postura propia sobre cómo debe la sociedad manejar su conflictividad. Trabajar intensamente para reconstituir los lazos de solidaridad que se fueron quebrando desde hace décadas. Y esta es una tarea que compete no sólo al Estado. Desde las organizaciones políticas, sociales, culturales, de derechos humanos, comunitarias, religiosas o meramente vecinales, tenemos la gran responsabilidad de aportar en la generación de instancias colectivas y comunitarias que permitan contener a la mayor cantidad de habitantes en cada territorio, y ofrecer espacios genuinos de diálogo, de encuentro y solidaridad, de ámbitos donde resolver sus conflictos sin violencia.

Thomas Hobbes escribió durante la guerra civil de Inglaterra en el siglo XVII, que las sociedades humanas tienen dos opciones, vivir en el estado «de naturaleza», en el que la violencia interpersonal es irrefrenable por el choque de las pasiones y los intereses contrapuestos de cada uno de los individuos, naturalmente egoístas, e incapaces de conciliar entre sí, o aceptar vivir bajo la tutela de un Estado represivo todopoderoso, que concentre toda la capacidad de violencia. Intentamos proponer una salida diferente: un trabajo paciente y testarudo por reconstruir al pueblo allí donde hoy solo viven bajo una división artificial distintas “poblaciones”. Solo de esta forma se logrará la tan ansiada disminución de la “inseguridad”, solo de esta forma se conseguirá salvar a futuros David de las múltiples formas de brutalidad y de muerte que los acechan permanentemente.

*Sociólogo. Integrante del IPES 21 (Instituto de Política y Economía Siglo XXI).

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