Derechos Humanos

1 abril, 2014

Poder mediático y dictadura: el caso de La Nueva Provincia

El director del periódico La Nueva Provincia, se encuentra imputado por la Justicia de haber formado parte durante la última dictadura de una asociación criminal vinculada a la desaparición de dos delegados gremiales. La estrecha relación entre la familia Massot y la Marina de Guerra.

El actual director del periódico de Bahía Blanca, La Nueva Provincia, se encuentra imputado por la Justicia de haber formado parte durante la última dictadura de una asociación criminal, vinculada a la desaparición de dos delegados gremiales: Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola. La estrecha relación entre la familia Massot y la Marina de Guerra y la guerra psicológica que el periódico llevo adelante desde 1975.

 

El director del diario bahiense La Nueva Provincia, Vicente Massot, enfrenta desde el 19 de marzo pasado una imputación como coautor durante la última dictadura militar de la desaparición de dos obreros gráficos y delegados gremiales, Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola.

Sin embargo la imputación que lleva adelante la fiscalía, y que provocó la citación por parte del juez federal subrogante de Bahía Blanca, Álvaro Sebastián Coleffi, es la de “asociación criminal” en conjunción con las fuerzas armadas. Algo que va mucho más allá de su vínculo con la desaparición de las dos personas mencionadas.

Según detalla la fiscalía, Massot está acusado de “haber formado parte de una asociación criminal, desde cuyo seno, se dispusieron, planificaron, organizaron y controlaron los medios, recursos y factores esenciales para el emprendimiento de actividades y el cumplimiento de funciones –consistente en operativos y medios de acción psicológica– indispensables para la ejecución del plan criminal, el aseguramiento de la eficacia del mismo y la impunidad de los individuos involucrados en su realización”.

Si finalmente el actual director de La Nueva Provincia resulta ser encontrado culpable, pasaría a ser el primer empresario de medios de comunicación preso por delitos de lesa humanidad, sentando un importante precedente para juicios venideros.

El diario La Nueva Provincia comenzó a actuar en 1975, junto con la radio LU2 y el canal 9 de TV, no solo como portavoz de los intereses militares, sino siendo antes que nada punta de lanza de toda una serie de operaciones de guerra psicológica que en el transcurrir de la dictadura serian masivamente implementadas. Como señala la Unidad Fiscal encargada de llevar adelante la investigación judicial: “Tenían más claro que las propias Fuerzas Armadas que la ficción de una ‘guerra’ era la única coartada que podía justificar sus crímenes”, de ahí la necesidad de construir dentro del conjunto de la sociedad una cosmovisión sobre el terrorismo de estado en curso, unificada y que permitiera dotar de legitimidad el accionar de la dictadura.

En este sentido, la Unidad Fiscal agrega: “Esa ficción era fundamental para el plan criminal, necesitaban esa legitimación discursiva para perpetrar el exterminio; sin esa legitimación eran –son– vulgares criminales”.

Para la justicia es clave el rol de cuatro personas en el accionar del periódico oriundo de Bahía Blanca. Estas son, por un lado, Diana Julio de Massot, nieta del fundador, hoy fallecida y quien en ese entonces era directora del periódico, y su marido Federico Massot, también fallecido, por el otro el ya mencionado Vicente Massot y Mario Gabrielli que fungía en los 70’ de secretario de redacción de La Nueva Provincia.

El alcance de la vinculación entre los Massot y la dictadura no se limitaba a las operaciones de guerra psicológica que llevaban adelante y donde contaban con informes de inteligencia, brindados por el Quinto Cuerpo de Ejército, a los que podían acceder de manera exclusiva, sino que dentro de este contexto, existían profundos vínculos entre la Marina de Guerra y los empresarios gráficos.

Reuniones con el vicealmirante Mendía y con el capitán Scilingo, o visitas a la ESMA por parte de Vicente Massot, pintan un cuadro de situación sobre los vínculos de esta familia con el poder militar gobernante.

Desde 1975 y con la acentuación de la persecución a líderes gremiales y dirigentes políticos, La Nueva Provincia comenzó a operar difundiendo partes militares, falsas noticias, fotos inventadas, montajes y un sinnúmero de editoriales puestas al servicio del ejercicio sistemático del genocidio.

Sin embargo un caso central marcó la pauta del accionar del periódico, el caso de Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola, obreros gráficos y delegados gremiales de La Nueva Provincia. En agosto de 1975 se vivió un lockout patronal que contó con la suspensión de 200 trabajadores. Los delegados fueron denunciados como integrantes de “un soviet”. El diario comenzó a brindar a las diferentes Fuerzas toda la información que disponía de los delegados sindicales, quienes pasaron a encabezar la lista de “personal a ser raleado”. Prefectura llegó a elaborar un informe de inteligencia denominado “Estudio realizado sobre el diario LNP. Guerrilla sindical”. El propio informe describe como toda la información necesaria sobre la actividad sindical fue brindada por los directivos de La Nueva Provincia.

Finalmente Heinrich y Loyola fueron secuestrados en junio de 1976 y aparecieron 4 días después asesinados y con signos de haber sido torturados. El periódico le dedicó al secuestro y desaparición apenas 20 líneas en una de sus páginas.

38 años después Massot debe transitar por los tribunales para dar cuenta de los vínculos entre el poder mediático y el poder militar en aquella época. Para los fiscales José Nebbia y Miguel Pallazani, quienes llevan el caso, el otrora integrante de la revista Cabildo, debe quedar detenido ya que como afirman: “Todas las condiciones procesales están dadas para que el juez lo ordene”, solo resta la decisión judicial.

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