27 marzo, 2014
Otra prueba para el Bauen
El mismo viernes 21 de marzo en que se estaban celebrando los 11 años de vida del Hotel Bauen como empresa recuperada por sus trabajadores, un fallo judicial ordenó el desalojo en un plazo de 30 días.

El mismo viernes 21 de marzo en que se estaban celebrando los 11 años de vida del Hotel Bauen como empresa recuperada por sus trabajadores, un fallo judicial ordenó el desalojo en un plazo de 30 días.
El hotel BAUEN es una de las empresas recuperadas por sus trabajadores que se ha constituido como referente indiscutible para todo el cooperativismo nacional, así como también un lugar donde las más diversas iniciativas políticas, culturales y de organización de los trabajadores siempre encuentran las puertas abiertas.
Hace unos días, el viernes 21 de marzo, sus más de 130 trabajadores estaba preparando los festejos por los 11 años de autogestión del hotel, luego de que sus dueños anteriores decidieran cerrarlo en el marco de la crisis de 2001. Pero los festejos se vieron empañados por una terrible noticia: la jueza Paula María Hualde, del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 9, disponía el desalojo del hotel en un plazo de 30 días para entregarlo a sus presuntos dueños.
Federico Tonarelli, presidente de la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados (Facta) y uno de los referentes históricos de la Cooperativa de trabajo del hotel, comentaba al respecto: «Mientras estábamos esperándolos para celebrar se publicaron en los dos diarios nacionales de mayor tirada del país los edictos que dicen que en 30 días tenemos que dejar el hotel, una vez más. Cambia de raíz la línea política que veníamos teniendo con el conflicto».
La historia del hotel es una clara parábola del neoliberalismo en el país. Fue construido en 1978 por la familia Iurcovich con fondos del famoso Banco Nacional de Desarrollo (préstamos que nunca fueron cancelados) para alojar a las visitas internacionales convocadas por el Mundial de Fútbol organizado por la dictadura. Los años ochenta fueron la época dorada del hotel y en los noventa fue sede de encuentros del peronismo provincial (al punto de darle su nombre al conocido como Grupo BAUEN).
A fines de la década el hotel ya no podía competir con las cadenas hoteleras internacionales y en 1997 Iurcovich llegó a un acuerdo con el grupo chileno Solari, que no cumplió con los compromisos de pago y presentó quiebra. Luego de esto pasó a propiedad de la empresa Mercoteles, también de la familia Iurcovich, quien gestionó el hotel hasta que en el marco de la crisis de 2001 se presentó a convocatoria de acreedores, quebró y dejó a los trabajadores en la calle.
A lo largo de 2002 sus trabajadores comenzaron a organizarse y a tratar de volver a poner en funcionamiento el hotel, relacionándose con el originial y pujante movimiento de empresas recuperadas argentino, hasta que finalmente se constituyeron como cooperativa en 2003. Hoy el hotel tiene 170 habitaciones en funcionamiento, 6 salones de conferencias (por los que constantemente pasan diversas iniciativas políticas, sociales y culturales), una confitería y emplea a 130 trabajadores.
Frente a la nueva embestida judicial, una más de las ya sufridas y resistidas en 2007 y 2012, Tonarelli plantea: “Desde lo legal no tenemos más alternativa. Está recontra firme la sentencia: para la justicia el hotel es de Mercoteles y la jueza debería desalojar una empresa con 130 tipos que funciona bien: una locura. Esto se resuelve políticamente, pero no vemos que haya voluntad política en el Congreso”.
Hay dos proyectos de expropiación del hotel a favor de los trabajadores, uno a nivel nacional (que es una unificación de los presentados por Victoria Donda y Carlos Heller) y otro en la ciudad (presentado por la legisladora Delia Bisutti, de Nuevo Encuentro). Pero no han logrado ser aprobados o se encuentran en camino de perder estado parlamentario.
Los referentes del hotel proponen: “Nosotros planteamos que, si el Estado ejecuta las deudas que Iurcovich contrajo para construir el BAUEN, el hotel es del Estado. Y nosotros no queremos que el Estado nos lo regale: sentémonos a buscar una solución, ya sea alquiler, un comodato, un préstamo a 20 años para poder comprar el inmueble”.
El 18/04 de abril vence el plazo establecido por la Justicia. Entretanto los trabajadores buscan formas de evitar que el desalojo de concrete, organizan diversas actividades de difusión, convocan a la solidaridad y plantean sus justos reclamos de defensa de los puestos de trabajo.
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