Economía

24 marzo, 2014

La inflación de febrero y el escenario del IPCNu

Aunque su legitimidad continúa política y socialmente horadada, nuevos aires soplan en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. La cifra de inflación de febrero de 3,4% se da a conocer en un escenario económico complejo.

Aunque su legitimidad continúa política y socialmente horadada, nuevos aires soplan en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. La cifra de inflación de febrero de 3,4% se da a conocer en un escenario económico complejo.

 

El IPCNu (Índice de Precios al Consumidor Nacional urbano), reemplazante del IPC-GBA, que en sus mediciones de precios de los últimos años nunca había arrojado cifras mucho mayores al 1% de incremento mensual, ha comenzado a reflejar aumentos bastante más elevados que los del año pasado. Un total de 7,4% para los primeros dos meses de 2014, y una proyección anual de no menos del 35%, contrasta fuertemente con los cálculos de 10% anual que solía difundir el INDEC hasta 2013, a la vez que quedan en evidencia las consecuencias de la pronunciada devaluación de enero.

El IPCNu fue construido durante 2013 por el INDEC en consulta con técnicos del Fondo Monetario Internacional, el cual había aplicado una moción de censura sobre la Argentina con el argumento de que “falta[ba] credibilidad en la información oficial”. Esta medida, que anticipaba una potencial exclusión del organismo, empujó al Gobierno a comenzar a recomponer su relación con el FMI y a la vez buscar restaurar la confianza en las estadísticas públicas.

El contexto de este tímido acercamiento al Fondo Monetario Internacional estuvo signado por una serie de dificultades que se avecinaban en materia económica, plasmadas en los resultados de 2013 dados a conocer recientemente: una caída de reservas del Banco Central de más de 12.000 millones de dólares (retrocediendo en casi un 28%) y un déficit de la balanza de pagos de 4.330 millones de dólares. Aunque se ensayaron medidas como el control de cambios (el “cepo”), la limitación de ciertas importaciones, la gradual devaluación de la moneda y algunos acuerdos de precios, estas políticas no lograron evitar que, por primera vez desde la llegada de Néstor Kirchner a la Presidencia, volviera el más sintomático problema de la economía argentina: el llamado “estrangulamiento externo”.

Según voces oficiales, éste era un mal del pasado que el nuevo modelo de “industrialización con inclusión social” había dejado atrás, por lo cual ya no serían necesarias las medidas con las que los gobiernos históricamente habían hecho frente a estas situaciones: devaluaciones, planes de ajuste y endeudamientos. Pero la devaluación finalmente ocurrió y el endeudamiento parece estar por llegar. Y aunque el Gobierno intentará evitar que el ajuste tenga la crudeza de los de las últimas décadas, el modelo de acumulación vuelve a ser el centro de todos los análisis.

Una serie de factores precipitaron la llegada del rojo a las cuentas públicas el año pasado. Uno de los más importantes por su magnitud (12.268 millones de dólares) fue el déficit energético, que permanece galopante pese a la estatización parcial de YPF. Las nuevas políticas hidrocarburíferas, que pregonan la asociación con empresas extranjeras y la explotación de yacimientos no convencionales, no surtirán efecto significativo en el corto plazo porque la escasa exploración y el proceso de vaciamiento llevados a cabo por Repsol no son inmediatamente reversibles. Al déficit energético debe sumarse el industrial, cuyos rubros “estrella” (como la producción automotriz y electrónica) han sido de hecho los más demandantes de divisas.

Los vencimientos de deuda externa, por su parte, que fueron de más de 6.000 millones de dólares el año pasado, seguirán siendo una fuente de problemas para la balanza de pagos: el Presupuesto 2014 les destina 9.855 millones de dólares y en un escenario de acelerada caída de las reservas del Banco Central es una incógnita el margen de maniobra que tenga el Gobierno para financiar su pago con el Fondo de Desendeudamiento. A esto se suman los perjuicios que ocasionan al Tesoro los turistas que ingresan al país y cambian divisas en el mercado paralelo, las empresas que remiten millonarias utilidades al exterior, y los juicios pendientes en el CIADI (el tribunal del Banco Mundial) que numerosas multinacionales entablaron contra el Estado, entre otros frentes que agudizan la sangría de dólares.

En este marco, el sector agroindustrial (que aporta cerca del 60% de las exportaciones totales) pospuso durante el año pasado la liquidación de divisas de las cosechas especulando con un eventual salto en la cotización del dólar. Estas maniobras funcionaron como una profecía autocumplida, pues la especulación misma agrandó el déficit y contribuyó a rebalsar un vaso que ya estaba dejándole al Gobierno la devaluación como única salida.

El lanzamiento de un nuevo índice de precios con la venia del FMI resulta, en estas circunstancias, un indicador del camino que podría tomarse próximamente. Según el banco JP Morgan, el IPCNu propiciará un mayor respaldo del Fondo Monetario Internacional a la Argentina en su litigio con los fondos buitre y en sus negociaciones con otros acreedores, a la vez que haría posible volver a tomar deuda con el organismo. Esta posibilidad, reconocida por analistas ligados al oficialismo, es incluso reafirmada por las últimas acciones del Gobierno: se fijó una fecha formal de comienzo de negociaciones con el Club de París, se aceleraron los pagos por juicios perdidos en el CIADI y se firmó un acuerdo con Repsol por la expropiación parcial de YPF. Todos estos movimientos parecen buscar allanar el terreno a la toma de nueva deuda.

El Gobierno, asediado por la oposición y los grupos económicos que apuestan a una devaluación más brusca y un ajuste más severo, intenta suavizar el impacto de las últimas medidas con iniciativas como Precios Cuidados, el plan Progresar o un posible aumento de la Asignación Universal por Hijo. Pero a juzgar por las paritarias de maestros actualmente en curso, estaría apostando a evitar aumentos salariales superiores al 30%, bajo el supuesto de que toda mejora salarial se trasladará a precios y la devaluación de enero perderá el efecto buscado de oxigenar la balanza de pagos. En este contexto, el INDEC, luego de años de deslegitimación, podría llegar a recobrar credibilidad de la mano del IPCNu y servir de termómetro en las disputas que se avecinan, que tendrán a las calles como escenario, la estructura económica dependiente como telón de fondo y la inflación como una protagonista cuya fama todos parecen atribuir a sus propios méritos pero que más bien reside en lo que sucede detrás de escena.

 

Andrés Scharager

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