Batalla de Ideas

23 marzo, 2014

1976-2014: genocidio, neoliberalismo y poder económico

En el pasado el poder económico apoyó a la Dictadura, hoy promueve una senda de ajuste para garantizar sus negocios. Un recorrido de ayer a hoy que pone en cuestión a esta supuesta “burguesía nacional”.

Por Ulises Bosia. En el pasado el poder económico apoyó a la Dictadura, hoy promueve una senda de ajuste para garantizar sus negocios. Un recorrido de ayer a hoy que pone en cuestión a esta supuesta “burguesía nacional”.

 

El 24 de marzo de 1976, fecha de inicio de la última dictadura militar, remite inevitablemente al Terrorismo de Estado, a la persecución política, a la tortura, las desapariciones y el robo de bebés.

A lo largo de la larga resistencia de las organizaciones de derechos humanos, de partidos políticos y organizaciones sociales se logró construir una condena social que fue la base que sustentó la nulidad de las leyes de impunidad y la apertura de los juicios a los genocidas.

También avanzó en la conciencia popular la idea de que la dictadura inauguró una nueva etapa en la economía nacional, el neoliberalismo. No se trataba de una exclusividad nacional, sino que nuestro país seguía el compás de un movimiento que empezaba contemporáneamente en los países centrales del capitalismo, cuyos emblemas fueron los presidentes Thatcher y Reagan.

Fue una reconfiguración general que ubicó al capital financiero en el centro de la economía, promovió la apropiación privada de los recursos públicos del Estado, el aumento gigantesco del endeudamiento externo y dio inicio a un fuerte proceso de concentración y extranjerización de la economía que todavía continúa.

Es imprescindible recordar que si bien mucha agua pasó debajo del puente a lo largo de estos 38 años, leyes fundamentales del proceso aún siguen vigentes.

La Ley de Entidades Financieras, en primer lugar, que regula la actividad de bancos y financieras. Es una rama de la economía que sufrió un enorme proceso de concentración protagonizado principalmente por capitales multinacionales en las últimas décadas y que especialmente en la última logró niveles de ganancia exorbitantes. De hecho a fines de febrero el Banco Central difundió su tradicional informe sobre la actividad bancaria donde aseguró que la rentabilidad de los banqueros creció en 50,2% en 2013 respecto a la de 2012. Hablamos nada menos que de 29.169 millones de pesos.

La otra ley fundamental es la Ley de Entidades Extranjeras, que abrió el país a la llegada de capitales extranjeros a tal punto que estableció una cláusula por la que cualquier capital internacional gozaría de los mismos beneficios que el capital local. Más adelante fue complementada por decenas de Tratados Bilaterales de Inversión aún vigentes y por legislación particular en el mismo sentido, como el Código Minero en los noventa o el reciente decreto acordado con Chevron para explotar el yacimiento de Vaca Muerta.

La fecha de este enorme giro de la economía nacional no fue casual. 1954 y 1974 son los años donde fue mayor el porcentaje de participación de la clase trabajadora en el producto bruto, uno de los principales indicadores de la distribución de la riqueza en el país. Según el economista Alfredo Zaiat, “en 1954, el registro fue de 47,9% a 50,1%, mientras que en 1974, 46,7% a 47,0%, de acuerdo con los diferentes estudios de investigación”.

En consecuencia, no es casual que tras 1954 se diera el golpe de la Revolución Libertadora y tras 1974 al año siguiente el “Rodrigazo” y un año después la toma del poder por parte de la Junta y el inicio del plan neoliberal.

Celestino Rodrigo, Adalbert Krieger Vasena, Álvaro Alsogaray, José Alfredo Martínez de Hoz o Domingo Cavallo son conocidos por haber sido los principales ministros de economía y funcionarios que impulsaron planes de ajuste en aquel tiempo. Sin embargo, dicho así pareciera que la decisión de implantar el neoliberalismo en Argentina fue tomada por las preferencias ideológicas de un grupo de funcionarios con fuertes vínculos e influencias en el poder político.

En realidad estos personajes eran los representantes en la arena política de los intereses de los principales sectores del poder económico, de la clase dominante local dueña de las principales tierras e industrias, así como de los grandes capitales transnacionales ya presentes en la economía. Es por eso que denunciar su responsabilidad no puede equivaler a ocultar la de sus empleadores y mentores.

Esas empresas, entre las que se cuentan por ejemplo Acindar, Techint, Mercedes Benz, Ford, Roberts, Arcor o Ledesma y los grupos Macri, Pérez Companc o Bridas por citar solamente a algunos, son los que decidieron la implantación del neoliberalismo en nuestro país y apoyaron activamente al Terrorismo de Estado para doblegar la resistencia de una clase trabajadora con un altísimo nivel de organización y combatividad y de sectores del estudiantado, intelectuales y populares que habían vivido un fuerte proceso de radicalización política.

Episodios como las desapariciones en Mercedes Benz, donde la gerencia elaboraba las listas negras de sus trabajadores, o la famosa “Noche del apagón” en Libertador General San Martín en Jujuy, impulsada por la empresa Ledesma de la familia Blaquier, dejan más que comprobada la sinergia entre las autoridades militares y los grandes empresarios.

En momentos en que ese mismo poder económico, treinta y ocho años después, está decidido a implicar toda su capacidad de lobby para profundizar un camino de ajuste económico, el gobierno nacional ha decidido apostar a un acuerdo con estos sectores, apelando a su “patriotismo” y “buena voluntad”. Esta estrategia política no es más que la continuidad de la búsqueda de construir “una burguesía nacional” que promueva un “capitalismo en serio” en la Argentina, tal como Néstor primero y Cristina después han manifestado en reiteradas oportunidades.

Podría ser discutible si se trata de una estrategia viable en abstracto, teniendo en cuenta lo que puede oírse en ciertos medios de comunicación: que estaríamos en presencia de un “Estado elefantiásico”, de “un Estado que interviene mucho y mal”, de un “exceso de gasto público” y otras joyas del baúl del liberalismo. Sin embargo, mirando la realidad concreta puede observarse fácilmente que el capital privado domina hoy las principales áreas de la economía, lo que le da un poder enorme frente a un gobierno que rechaza convocar a una amplia movilización popular para contrarrestar esta relación de fuerzas desfavorable. La mejor prueba de esto es que en pocos meses ya vimos como estos sectores lograron imponer una brusca devaluación del peso y una aceleración fuerte de la inflación. Con esos antecedentes, es muy difícil creer en la estrategia propuesta por el gobierno para evitar las dificultades económicas sin afectar los intereses de los ricos pero tampoco hacer un brutal ajuste sobre los pobres.

En el pasado llegaron a apoyar un genocidio para garantizar el cumplimiento de sus planes económicos, en el presente no dudan en descargar el ajuste sobre la clase trabajadora. ¿No es hora de asumir que este empresariado no puede ser un aliado de los intereses populares? ¿No ha llegado el momento de afrontar el hecho de que sólo se podrá mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo con transformaciones estructurales que implican inevitablemente tocar el bolsillo del pequeño grupo de multimillonarios que hoy decide por nosotros?

 

@ulibosia

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