La historia sin fin: la Ley de Trata y su reglamentación

Legisladores, organizaciones no gubernamentales y fundaciones comprometidas en la lucha contra la trata de personas presentaron un amparo judicial para que el Poder Ejecutivo Nacional cumpla con la responsabilidad de reglamentar la ley de trata de personas sancionada en diciembre de 2012.

La ley de trata de personas fue sancionada en nuestro país en abril de 2008. Y no se llegó a ella por un camino de rosas. Más bien todo lo contrario. Una de las más atroces violaciones a los derechos humanos como es el ofrecimiento, la captación, el traslado, la recepción o acogida y mantención en estado de esclavitud de personas con fines de explotación se convirtió finalmente en delito federal gracias a la lucha de las madres de mujeres y niñas desaparecidas. Fueron ellas, junto a innumerables organizaciones sociales, políticas y feministas, quienes visibilizaron la existencia de un negocio millonario que también existe en nuestro país y en el que el mayor porcentaje es trata de mujeres y niñas para la prostitución. Develaron tanto la existencia de redes de trata que secuestran y desaparecen, así como el alto grado de complicidad que los diversos poderes del Estado y las fuerzas de seguridad mantienen con ellas, ya sea por acción u omisión.

Desde el día mismo de su sanción comenzó una etapa nueva, la de la lucha por la reforma de sus puntos más polémicos. Entre ellos, el principal era la figura del consentimiento de la víctima: la ley diferenciaba entre víctimas mayores y menores de edad, exigiéndole a las mayores probar que no prestaron consentimiento para su propia esclavitud sexual.

Cuatro años duró la batalla. Cuatro largos años donde la reforma durmió cajoneada en el Congreso. Y de pronto, en diciembre de 2012, a dos semanas de volver a perder estado parlamentario, todo cambió. La ola de indignación social que atravesó al país de punta a punta debido al fallo de la justicia tucumana que absolvió a todos los imputados por el secuestro y desaparición de Marita Verón terminó, por orden expresa de la presidenta Cristina Fernández, con todos los diputados y senadores unidos y levantando la mano. La nueva ley de “Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas” se sancionó y fue promulgada el 27 de diciembre de 2012.

Bombas de estruendo y fuegos de artificio, acompañados de un discurso presidencial fuertemente crítico del poder judicial y sus funcionarios, parecían indicar que por fin el Estado asumía su responsabilidad de prevención y asistencia a las víctimas y de persecución y castigo a los responsables del secuestro, desaparición y esclavitud de mujeres y niñas explotadas sexualmente en prostíbulos. El oficialismo, a través de figuras como el mismo Aníbal Fernández, llegó a propiciar polémicos proyectos legislativos para penalizar a los “clientes de la trata de mujeres”. Todo muy rimbombante.

Pero las bombas duran un instante y los fuegos se apagan. Y lo mismo sucedió con la nueva ley de trata de personas. A pesar de la cantidad de allanamientos realizados y de las víctimas rescatadas, no sólo no se desmanteló ninguna red, sino que, peor aún, la ley nunca fue reglamentada por el Poder Ejecutivo. Y las razones nunca se han dado a conocer.

Distintas personalidades, organizaciones no gubernamentales y fundaciones comprometidas en la lucha contra la trata vienen desarrollando distintas iniciativas solicitando, fundamentalmente al ministro de Justicia, Julio Alak, que cumpla con este paso necesario y urgente.

Esta semana, a poco de cumplirse paradójicamente un nuevo aniversario del secuestro y desaparición de Marita Verón, un grupo de legisladores porteños y ONGs, han presentado un recurso de amparo contra el Poder Ejecutivo Nacional para que la reglamentación se lleve a cabo. El mismo recayó en el Juzgado Federal Contencioso Administrativo Nº 9, a cargo de Pablo Gabriel Cayssials.

En una entrevista radial para Con el Pie Izquierdo en Radio Sur FM 88.3, la ex diputada nacional Fernanda Gil Lozano, una de las impulsoras de la medida, explicó la gravedad de la situación. Según explicó, todo lo positivo que tiene la ley en cuanto a la ampliación de derechos y a la mayor garantía para las víctimas no es operativo por no estar reglamentada la ley. Pero además, “no se creó el fondo especial para víctimas; no se convocó al Consejo Federal sobre Trata, que debería estar integrado por ONG’s, la Corte Suprema, la Procuración Nacional, el Congreso Nacional y las provincias; no se está elaborando un Programa Nacional Contra la Trata de Personas; no se están girando los fondos para cumplir con lo que ordena la ley y no se organiza una conducción nacional para la temática en el país”. Sólo para hacer referencia a algunas cuestiones ente otras que siguen sin abordarse.

Sin embargo las principales damnificadas siguen siendo las víctimas: mientras no se efectúe la reglamentación, una importante herramienta, no suficiente pero necesaria por cierto, para luchar contra la trata de personas, sigue corriendo el riesgo de ser efectivamente letra muerta.

María Paula García – @MariaPaula_71