No está perdida

A 9 años del secuestro y desaparición de Florencia Pennacchi, sólo la buscan sus familiares y amigos. Mientras tanto, la compleja trama de poder que fue obstaculizando su causa desde el inicio está intacta y la justicia pretende cerrarla definitivamente.

Florencia Pennacchi tenía 24 años, era de la provincia de Neuquén, estudiaba en la Facultad de Ciencias Económicas (UBA) y trabajaba en el Instituto de la Vivienda del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Desapareció la noche del 16 de marzo de 2005, luego de haber estado reunida con compañeros de estudio en su casa de Palermo.

Durante nueve largos años sus familiares y amigos no bajaron los brazos nunca y siguen buscándola. Y en este nuevo aniversario volvieron a marchar por el centro de la ciudad de Neuquén junto a organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres, denunciando una vez más que su desaparición está vinculada con la trata de personas.

En declaraciones al diario La Mañana del Neuquén, Leonora Jáuregui, integrante de la agrupación Sin Cautivas, afirmó que «estos nueve años de la desaparición de Florencia representan la falta de acción y respuesta por parte de la Justicia y, por consiguiente, muestra el grado de impunidad con que cuentan y operan las redes de trata en la Argentina”.

Un caso de manual

El caso de Florencia Pennacchi es en sí mismo un manual para comprender qué es una red de trata de mujeres y niñas y cómo funciona el complejo entramado de poder que la sostiene.

Cuando Florencia desapareció la trata de personas no era un delito federal y tampoco existía una ley específica. De esta manera, el caso cayó en la División Antisecuestros de la Policía Federal Argentina, más precisamente en las manos de Jorge Omar Cipolla, quien dirigió la investigación durante los primeros 4 años de búsqueda. Casualmente, y en coincidencia con el fiscal Marcelo Retes, se negó a ir tras la pista de una red de trata, llegando a sostener durante meses que tenía indicios de que Florencia estaba en el interior viviendo con alguien.

Cipolla fue desplazado de la fuerza poco después, ya con la ley de trata sancionada, debido a la denuncia de una mujer oficial de la División Trata de Personas que trabajaba como agente encubierta en prostíbulos de Pompeya. Esta policía lo acusó de ser quien cobraba las coimas para que el prostíbulo funcionara, pero también de haberle ofrecido “plantar menores” de la Villa 1.11.14 en dicho prostíbulo.

Pero eso no termina allí, porque cuando hablamos de redes la cosa es bien literal. ¿Con quién estaba en pareja Cipolla en ese entonces? Nada más ni nada menos que con María Eugenia Rodríguez Araya, legisladora porteña del PRO que durante el 2007 basó su campaña en la lucha contra las redes de trata y en 2009 fue autora de una ley que disponía la creación de una Oficina contra la trata de personas en la Ciudad de Buenos Aires, ley que fue vetada por Mauricio Macri, dicho sea de paso.

Mientras que Rodríguez Araya terminó su mandato en la Legislatura habiendo formado parte de comisiones como las de Derechos Humanos y de Igualdad Real de Oportunidades y de de Trato entre Hombres y Mujeres, lo último que se supo de Cipolla fue que una vez destituido de la fuerza se fue a trabajar al Ministerio de Educación de la CABA.

Todos estos hechos, más los testimonios de dos chicas que escaparon de un prostíbulo en Santa Fe y reconocieron haber visto a Florencia y de otros testigos que declararon también haberla visto en las Casitas de Santa Cruz, nunca fueron tenidos en cuenta por la fiscalía, no se siguieron como línea de investigación y jamás se incluyeron en la causa. Al mismo tiempo que Retes afirmaba a los familiares que “la desaparición por sí sola no constituye delito”, la desidia a la hora de investigar crecía con el correr de los meses.
Mientras que las horas sucesivas a la desaparición de una mujer son cruciales, el listado de números marcados y llamadas recibidas desde el celular de Florencia demoró meses en realizarse. Cuando se supo que los días previos a la desaparición hizo varias llamadas desde su teléfono a un hombre que no pertenecía a sus conocidos más cercanos, la fiscalía logró ubicarlo, pero lo citó a declarar un año después de lo ocurrido.

Con el tiempo, los rastrillajes provinciales dejaron de hacerse y, obviamente, la imagen de Florencia dejó de empapelar Buenos Aires. Justamente Eliana Fernández, tía de Florencia, sostuvo en la movilización del 16 de marzo que «la amenaza de cerrar la causa es una situación permanente, es la falta de respuesta de la Justicia de este caso como en otros de mujeres desaparecidas», lamentando que haya pasado otro año sin tener respuestas sobre lo que ocurrió.

Bombos, platillos y muchas bombas de humo

En el año 2008, tres años después de la desaparición de Florencia fue sancionada la ley de trata de personas. Esta primera versión recibió infinidad de críticas de las organizaciones de mujeres y de lucha contra la trata, fundamentalmente debido a que la figura del consentimiento obligaba a las mujeres mayores de 18 años a demostrar que estaban en situación de trata en contra de su voluntad. Durante cuatro años los legisladores se negaron a reformarla. Sólo la intervención de la presidenta Cristina Fernández provocó en diciembre de 2012 que lo hagan finalmente, ante el escandaloso fallo judicial que absolvió a todos los acusados por el secuestro y desaparición de Marita Verón. La reforma eliminó el consentimiento como causa de eximición de la pena y ordenó al Estado brindar asistencia a las víctimas. Sin embargo, al día de hoy y habiendo pasado más de un año, la ley 26.842 no fue aún reglamentada por el Poder Ejecutivo.

Más allá de los bombos y platillos con los cuales se anunciaron las reformas, cabe preguntarse qué utilidad tiene la ley cuando la policía mantiene vínculos con las redes, cuando el poder político ampara a dicha policía, cuando la justicia no la aplica en casos concretos y cuando las redes no son finalmente desmanteladas. Mientras tanto, la ausencia de Florencia nos grita un año más en palabras de su hermano Pedro lo terriblemente fácil que sigue siendo en Argentina hacer desaparecer a una persona y borrar su existencia.

María Paula García – @MariaPaula_71