Controversia por el informe de la ONU sobre los Derechos Humanos en Venezuela

La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó un documento en el que denuncia vulneraciones de derechos por parte del Gobierno venezolano. Las autoridades respondieron que se ignoró el material que aportaron y que el 82% de los testimonios fueron recogidos fuera del país.

«Los venezolanos merecen una vida mejor, libre de miedo y con acceso a alimentos, agua y servicios sanitarios», declaró Bachelet ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

La expresidenta de Chile aseguró que en el país sudamericano existen «graves vulneraciones de derechos». La denuncia más fuerte asegura que se realizaron 6.800 ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad entre enero de 2018 y mayo de 2019, así como también torturas a quienes fueron detenidos.

Estos delitos deben ser «investigados a fondo, estableciendo responsabilidades para sus autores, y garantizando su no repetición», apuntó la funcionaria. Además opinó que «las instituciones esenciales y el Estado de derecho en Venezuela se han erosionado» y «el ejercicio de las libertades de expresión, asociación, asamblea y participación en la vida peligro corre peligro de ser castigado con represalias y represión».

Finalmente llamó al Gobierno de Venezuela a que «vea a la oposición y los defensores de derechos humanos como socios en la causa común de estos derechos y de la justicia, para plantar las semillas de un acuerdo duradero que lleve a la reconciliación».

La respuesta del chavismo

El viceministro comunicacional de Venezuela, William Castillo, fue uno de los principales voceros que respondió al informe. El funcionario exigió «la corrección de su contenido» y solicitó «una actuación ponderada y respetuosa de la oficina de la Alta Comisionada para Derechos Humanos de la ONU».

«Resulta incomprensible el contenido de dicho informe dominado por una visión selectiva y parcializada, carente de rigor científico, con graves errores metodológicos», declaró Castillo.

Uno de los puntos más discutibles del documento es que de 558 entrevistas mencionadas, 460 de ellas fueron realizadas fuera de Venezuela. Es decir que se elaboró un estado de situación con un 82% de opiniones de personas que no viven en el territorio investigado.

https://twitter.com/CancilleriaVE/status/1147073132496347136?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1147073132496347136&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.telesurtv.net%2Fnews%2Fvenezuela-denuncia-parcialidad-informe-ddhh-onu-ginebra-20190705-0005.html

Por su parte la Red Venezolana de Derechos Humanos, integrada por organizaciones no gubernamentales, cuestionó que no fueron mencionadas en el texto. «Observamos que ha decidido no incluir ninguna de las informaciones que le hemos suministrado a su Oficina sobre la situación de los derechos humanos en nuestro país, particularmente sobre los casos colectivos de vulneraciones a los derechos humanos, sus causas y responsables», plantearon en una carta enviada a Bachelet.

Desde la red criticaron también que se haya obviado cualquier referencia al intento de golpe de Estado ejecutado el 30 de abril de 2019 por el autoproclamado presidente Juan Guadió, que significó «un atentado a la democracia y a los derechos humanos».

En esa misma línea plantearon su preocupación ante la omisión del impacto en el nivel de vida, salud y alimentación de las 47 medidas coercitivas y los actos de facto aplicados contra Venezuela desde 2014 por EE.UU. y la Unión Europea.