Los chats que revelan la operación para condenar a Lula

El medio de comunicación The Intercept, publicó en sus ediciones en inglés y portugués una extensa investigación que muestra las conversaciones entre el exjuez Sergio Moro -que condenó al expresidente de Brasil- y varios fiscales involucrados en la causa, donde se pone de relieve la connivencia y el interés político por encarcelar al líder del Partido de los Trabajadores (PT).

“Teniendo en cuenta el inmenso poder de los involucrados y el grado de confidencialidad con que operan hasta ahora, la transparencia es crucial para que Brasil tenga un entendimiento claro de lo que realmente hicieron. La libertad de prensa existe para arrojar luz sobre lo que las figuras más poderosas de nuestra sociedad hacen en las sombras”, escribieron los periodístas en el primero de los cuatro artículos difundidos.

En concreto el medio de comunicación tuvo acceso a los chats de Telegram de varios grupos integrados por las y los fiscales de la causa Lava Jato (la investigación de corrupción más grande de la historia del país) e intercambios entre estos y el juez Sergio Moro, hoy ministro de Justicia de Jair Bolsonaro.

Para los abogados de Lula las filtraciones de mensajes del #VazaJato confirman las denuncias que ya habían presentado ante la ONU sobre la acción combinada de Moro con los fiscales.
> https://t.co/g3OJ1wpG7J pic.twitter.com/dF5oIIhCHv

— Nacho Lemus (@LemusteleSUR) June 9, 2019

Uno de los puntos más destacados es la duda que manifiesta el fiscal Deltan Dallagnol al exmagistrado al señalarle la escasa cantidad de pruebas que tienen para involucrar a Lula da Silva en las denuncias.

«Hablan que estamos acusando con base en noticias de periódico e indicios frágiles… entonces es un ítem que es bueno que esté bien atado», escribió Dallagnol a los demás fiscales. «En este punto, hasta ahora tengo miedo de la conexión entre las Petrobras y el enriquecimiento, y después de que me hablaron con recelo de la historia del apartamento… Son puntos en los que tenemos que tener las respuestas ajustadas y en la punta de la lengua», añadió.

Estos planteos tienen una importancia vital por dos razones. La primera es que la acusación contra Lula por la cual fue condenado -y que le impidió ser candidato a presidente cuando encabezaba las encuestas-, se basaba en la supuesta adquisición ilegítima (mediante el pago de una coima) de un triplex en San Pablo.

Pero además, la necesidad de que hubiera una conexión con la estatal petrolera Petrobrás era fundamental para el Ministerio Público. Si podían probar ese vínculo la causa caería en manos del equipo que investigaba el Lava Jayo y sería juzgada por Sergio Moro. De lo contrario, la denuncia (que ya existía) recaería en el Poder Judicial paulista.

«En una disputa que involucró incluso al Supremo Tribunal Federal, la Lava Jato intentaba sacar el caso de las manos de los paulistas para denunciar y juzgar a Lula en Curitiba. Para ello, el inmueble de Lula necesitaría obligatoriamente tener relación con la corrupción en Petrobras», enfatizaron los periodistas de The Intercept.

Por su parte Dallagnol fue más allá y le escribió al propio Moro: «La denuncia se basa en mucha prueba indirecta, pero no cabría decir eso en la denuncia y en la comunicación evitamos ese punto».

A lo largo de los cuarto artículos el medio de comunicación también reveló conversaciones en las que el magistrado llamaba a «limpiar el Congreso» en tiempos en que Dilma Rousseff todavía era presidenta.

En la misma sintonía, se hizo público un intercambio entre las y los funcionarios del Ministerio Público que evaluaban medidas para evitar que se realizara una entrevista a Lula en la cárcel ya que eso «podría hacer ganar a Fernando Haddad», el candidato del PT en las elecciones de 2018.

La difusión de estos materiales aportan más pruebas a lo que siempre denunció la defensa de Lula: que no había pruebas firmes en contra del expresidente y que tanto la Fiscalía como el juez Moro actuaban articulados con intereses políticos de fondo, lejos de la imparcialidad que manifestaban defender y aplicar en la causa.

Foto: Andressa Anholete / AFP