Fracasó la paritaria universitaria y se calienta el reclamo por presupuesto

En la previa a la marcha universitaria en reclamo del presupuesto adeudado hace cinco meses por el gobierno nacional, los gremios docentes rechazaron la propuesta del Ministerio de Educación de sumarle al 15% de aumento ya ofrecido, sumas remunerativas no bonificables, de 456 pesos en diciembre y 228 en enero. Rectores dijeron que el recorte del salario impactaba sobre la calidad universitaria.

La reunión en el Palacio Pizzurno fechada por el titular de la cartera de Educación, Alejandro Finocchiario, volvió a fracasar. Sucede que al 15% ofrecido anteriormente, se le sumó una propuesta que fue tildada de «insuficiente» por los gremios.

La oferta indica que un ayudante de primera dedicación semiexclusiva percibiría incrementos de $456 en diciembre y $228 en enero, mientras que jefes de trabajos prácticos con la misma dedicación tendrían un aumento de $524 y $271 al mes siguiente. De igual manera, profesores asociados recibirían $715 y $357, mientras que titulares $802 y $401.

Al ser conceptos remunerativos se le pueden hacer descuentos correspondientes por ley, pero como son no bonificables, no se tienen en cuenta, por ejemplo, la antigüedad ni los títulos docentes, ni el hecho de que haya profesores que trabajen en una zona desfavorable.

“Los montos propuestos son inadmisibles, ya que dejan a los salarios de miles de docentes por debajo de la garantía salarial [del Ministerio de Trabajo] que ya tenemos conquistada”, señaló Antonio Roselló, secretario adjunto de CONADU Histórica, y calificó la oferta como “una provocación y una burla”.

“Con cinco años de antigüedad, el ayudante de primera semiexclusiva cobraría en enero un salario de bolsillo de $11.246”, apuntó Roselló y agregó que con la garantía el mismo profesional cobraría $13.560.

Cuarto intermedio en la paritaria universitaria. Declaraciones de Luis Tiscornia al salir de la primera parte de la reunión pic.twitter.com/15DSP3NgG8

— CONADU Histórica (@CONADUHistorica) August 29, 2018

De esta manera, la paritaria pasó a un cuarto intermedio y la comunidad académica se prepara para movilizar este jueves, desde el Congreso hacia Plaza de Mayo, a las 17 horas.

Mientras tanto, se mantiene el paro en 57 universidades públicas de todo el país, muchas de ellas cuyas facultades o rectorados fueron tomados por estudiantes, docentes y no docentes, como muestra de rechazo a la escasez de recursos a raíz de la deuda de $12.667 millones que el Estado mantiene con las instituciones de educación superior.

Reclamo de rectores

Las autoridades universitarias señalaron que los salarios de los trabajadores y trabajadoras docentes eran medulares para el funcionamiento del sistema, además de que en base a dichas partidas se estimaban los gastos de funcionamiento de las universidades.

Rectores de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS), de Quilmes (UNQ), Comahue y Entre Ríos (UNER), entre otros, explicaron que el aumento en los costos de funcionamiento, producto de los incrementos en las tarifas, la inflación y la devaluación, se combinaba con un atraso y subejecución del presupuesto aprobado.

“Las metas de inflación (15,7%) y el valor del dólar (19,3 pesos) calculados en la ley de Presupuesto 2018 quedaron muy lejos de la realidad, arrastrando consigo la capacidad adquisitiva de los presupuestos universitarios”, argumentaron.

En este sentido, desglosaron la deuda de 12 mil millones de pesos que el Estado mantiene con las casas de estudio, según se indica en el Presupuesto Abierto del Ministerio de Economía: $2.005 millones en programas de becas, $1.796 millones en gastos de funcionamiento, $415 millones en programas de investigación científica, $2.261 millones en infraestructura, $1.973 del programa FUNDAR, $2.552 millones en asistencia a Educación y Cultura, $288 millones para hospitales universitarios, $1.114 millones en salarios docentes, no docentes y autoridades, y $273 millones en otros gastos.

“Estas condiciones, que afectan el funcionamiento normal de nuestras instituciones y ponen en riesgo su desarrollo y crecimiento, se dan acompañadas por acciones de judicialización y desprestigio que operan sobre la imagen social de las universidades públicas con el objetivo de legitimar lo que está aconteciendo”, finalizó el comunicado de los rectores Gabriela Leticia Diker (UNGS), Andrés Sabella (UNER), Gustavo Crisafulli (Comahue), Alejandro Villar (UNQ) y Sandra Torlucci (UNA).