Gendarmería allana y desaloja el Pu lof en resistencia Cushamen

El operativo comenzó a efectuarse durante la tarde de este martes. Hasta el momento se desconoce quién dio la orden judicial para el procedimiento. Mientras tanto los nueve detenidos son indagados en Bariloche.

Tras el pedido de extradición del lonco Facundo Jones Huala a Chile, militantes por los Derechos Humanos, integrantes de la comunidad y personas del grupo de apoyo a la comunidad se concentraron frente al Juzgado Federal de Bariloche para reclamar la libertad de su lonco (cacique de la comunidad).

La manifestación frente el edificio judicial ubicado en calle San Martín 425 terminó con un saldo de nueve personas detenidas. Seis de ellas fueron arrestadas durante el mediodía y hubo horas de desconocimiento sobre su paradero y estado físico. Cuando las abogadas se dirigían al destacamento de la Policía Aeroportuaria (PSA), tres manifestantes más terminaron arrestados y fueron trasladados el Escuadrón 34 Bariloche de Gendarmería.

“Durante muchas horas no supimos la localización y el estado de salud de los detenidos”, declaró la abogada Marina Schifrin, patrocinadora de los nueve detenidos. “Hasta la tarde no pudimos acceder a los arrestados y en el Juzgado Federal hicieron todo lo posible para que no pudiéramos pedir la excarcelación el mismo lunes”, denunció.

Las detenciones fueron ordenadas por el juez federal Gustavo Villanueva  y fueron efectivizadas por policías de la PSA, con el apoyo de Gendarmería y del Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate (COER).

Los detenidos son nueve. En primer término, poco después del mediodía fueron apresados por las fuerzas de seguridad Fausto Jones Huala, Mateo Ávila, Rodrigo Exequiel Antimil, Santiago Tomas Jones, Romina Jones (hermana de Facundo Huala) y Diana Cifuentes (militante por los Derechos Humanos de El Bolsón) y alrededor de las 15 fueron detenidos otros tres, entre los cuales se encuentra Emilio Jones Huala, un joven que había recibido lesiones graves durante la represión ocurrida en enero de este año en el campamento sostenido en Cushamen.

Esta mañana la abogada Marina Schifrin, integrante de la Gremial de abogados y abogadas de Argentina y militante de Patria Grande se presentó a las 8 en el Juzgado Federal y solicitó por escrito la excarcelación inmediata para todos los detenidos.

Hasta el momento los nueve manifestantes no están imputados pero ya comenzaron a ser indagados en el mismo juzgado.

Desde la noche del lunes los integrantes de la comunidad que permanecen en el territorio de recuperación Pu Lof en resistencia Cushamen habían comenzado a advertir y a difundir mediante redes sociales la presencia de Gendarmería en el campamento que se encuentra en territorio de la provincia de Chubut.

Esta tarde la Red de apoyo de comunidades en conflicto- MAP confirmó que comenzaron los allanamientos y forcejeos contra “las pocas personas que permanecían en el lugar, entre ellas mujeres y niños”.

“Todavía no se sabe quién dio la orden de allanamiento, pero Gendarmería dice tener el control territorial, tienen cinco mujeres con niños retenidos en uno de los puestos de guardia donde también se están produciendo quemas, camiones unimog estarían trasladando pertenencias de los comuneros, no dejan ingresar a personas de Derechos Humanos y médicos que se acercaron”, informaron desde la Red.

Por otra parte el grupo de apoyo a la comunidad difundió que “la lamuen Soraya Maicoño se encuentra retenida sobre ruta Nacional 40”, frente la comisaria de Leleque. “Los accesos a la comunidad estarían siendo cortados y esto dificulta la comunicación certera”, advirtieron.

Finalmente el pedido de extradición de Facundo Jones Huala a Chile sigue vigente, aunque las patrocinadoras del lonco abogan que el pedido de la justicia chilena es anticonstitucional. Meses atrás el mismo pedido de extradición fue declarado nulo por la Justicia argentina luego de que se comprobara que el testimonio de uno de los testimonios contra Huala había sido efectuado bajo tortura.

Las abogadas del lonco Sonia Ivanoff y Elizabeth Gómez Alcorta insisten con que este nuevo pedido implica un nuevo juzgamiento por una misma causa y que por lo tanto es inconstitucional.