Estudiantes denuncian fuerte recorte en becas Progresar

El ajuste afecta a 94 mil jóvenes de entre 18 y 24 años, cuyas becas están suspendidas, según denunciaron 14 federaciones estudiantiles de todo el país. Otros 66 mil estudiantes están sufriendo demoras en el cobro. Responsabilizan al ministro de Educación, Esteban Bullrich, y al secretario de Políticas Universitarias, Albor Cantard.

Hasta 2015, el programa de apoyo a jóvenes para que continúen sus estudios, llegó a un pico de alrededor de un millón de beneficiarios. Ya el año pasado el gobierno nacional recortó un 31% las asignaciones y, para este año, de las aproximadamente 500 mil vigentes hay 94 mil suspendidas y 66 mil con demoras en el pago por parte del Estado.

“Son casi cuatro de cada diez estudiantes cuya beca está suspendida”, remarcó Luciano Gasparini, secretario de Cultura de la Federación Universitaria Argentina (FUA) en diálogo con Notas. La mayoría de los estudiantes se enteraron de la suspensión o demora en el cobro cuando fueron al banco.

Según informó Página/12, el recorte afecta sobre todo universidades del conurbano bonaerense como las de Moreno, Lanús, Avellaneda, Quilmes, San Martín y Jauretche (Florencio Varela). Pero también se registraron casos en San Juan, Sur (Bahía Blanca), Río Cuarto y La Pampa, entre otras.

Para Gasparini -en consonancia con la declaración que emitieron 14 federaciones estudiantiles de todo el país en los últimos días- la responsabilidad recae en Esteban Bullrich -que dejará la cartera educativa para abocarse a la campaña electoral en la Provincia de Buenos Aires- y Albor Cantard –que hará lo propio en Santa Fe.

En el comunicado, las federaciones (entre ellas las de Buenos Aires, Córdoba, La Plata, Comahue, Rosario y Mar del Plata), junto con centros de estudiantes secundarios, terciarios y universitarios de toda la Argentina, exigen la “inmediata restitución” de las becas del Plan Progresar.

“La deserción escolar y universitaria y la imposibilidad del sistema educativo en su conjunto de poder contener a los/as estudiantes dentro de las aulas es un problema creciente y de profunda trascendencia para nuestro país”, afirman. Y plantean que una de las principales causas de la deserción es la pobreza: “Los últimos informes del INDEC indican que el 32% de los/as Argentinas son pobres y el 46% de los chicos de entre 0 y 17 años del país viven debajo del umbral de la pobreza”, apuntan. Y remarcan: “En un país donde uno de cada dos jóvenes es pobre pretender que no haya deserción educativa es ilusorio”.

“Estamos hablando de jóvenes en estado de vulnerabilidad social”, aseguran, ya que la población a la que están destinadas las becas Progresar incluye a quienes no tienen trabajo, trabajan informalmente o perciben un salario menor al mínimo vital y móvil y cuyo grupo familiar se encuentra en iguales condiciones.

Ante la gravedad de la situación, la FUA -aunque presidida por la Franja Morada (UCR) y su principal dirigente (Josefina Mendoza) también irá en las listas de Cambiemos en las próximas elecciones- fue forzada a posicionarse respecto al recorte por la mayoría de los representantes de la Junta Ejecutiva.

Así, en una reunión que hubo la semana pasada se acordaron cuatro puntos de reclamo: que haya información sobre el Plan Progresar desde 2016 a la fecha; que haya una plena vigencia del programa, “es decir, que no se lo desmantele”, aclaró Gasparini; que se pague urgentemente las becas ya asignadas y certificadas de este año; y pedir un informe sobre las causas de la reducción de becas de este año.

“Se envió una carta al Ministerio de Educación de la Nación dirigida a Bullrich y Cantard con esos cuatro puntos, reclamando información certera”, comentó el secretario de Cultura de la FUA que integra la Corriente Universitaria La Mella.

Otro de los puntos en discusión es un aumento en el monto de las becas que en la actualidad es de 900 pesos mensuales y cuyo último aumento fue a principios de 2016.

También los docentes reclaman

La semana pasada, la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) denunció el recorte como «un nuevo ajuste en educación” y también exigió su «urgente restitución”. De acuerdo al sindicato nacional, la medida ataca el derecho a la educación de “los sectores más vulnerables”.