Empieza el primer juicio contra un intendente por trata de personas en La Pampa

Además de Luis Rogers, intendente de la localidad de Lonquimay, también se acusa al subcomisario Carlos Alaníz por realizar un “blindaje” para el sostenimiento del prostíbulo “Good Night”, dedicado a la explotación sexual de mujeres. El juicio oral y público comienza este lunes.

Más allá de los funcionarios, también están imputados Eduardo Mauricio Fernández, acusado de ser el dueño del local y Carlos Eduardo Fernández y Brian Martín Saxs, quienes se habrían desempeñado como encargados del mismo.

En 2009, Rogers había declarado sobre el prostíbulo, intentando impedir su clausura: “Es un lugar de esparcimiento para los jóvenes y camioneros. Es un lugar de contención, mucha gente que está sola, lejos de sus domicilios, busca pasar un rato de esparcimiento”. Como informó el sitio web del Ministerio Público Fiscal, además, el jefe comunal había sido el encargado de firmar la habilitación a «Good Night» bajo el rubro «servicios de salones de baile. También era el responsable de las libretas sanitarias de las mujeres prostituidas allí, cuyos exámenes incluían estudios ginecológicos y de HIV.

Alaníz, el subcomisario de Lonquimay, «se encontraba en conocimiento de la situación de las mujeres en el prostíbulo». Según la fiscalía, existía una «relación fluida» entre el intendente, el policía y el propietario del cabaret, que no solo se confirma en las declaraciones de los testigos, sino a través de las comunicaciones telefónicas presentes en el expediente.

Lonquimay es un pueblo de 1500 habitantes, ubicado sobre la ruta 5, a unos 60 kilómetros de Santa Rosa. Otras tres localidades pampeanas tienen a sus intendentes procesados por delitos de trata de personas: 25 de mayo, Macachín y General Acha.

El caso y las dilaciones

La causa tuvo su origen en 2009. La primera denuncia fue de un hombre nacido en Santiago del Estero, que afirmó que su novia estaba siendo retenida por el dueño de «Good Night». Dijo que la mujer había viajado a raíz de una oferta laboral y que ahora no se le permitía irse del lugar por mantener una deuda con el dueño. Cuando esta logró salir, reiteró la denuncia ante la policía santiagueña.

Un mes más tarde, una mujer que había trabajado desde 2007 en la comisaría de Lonquimay contó ante la justicia pampeana «las distintas situaciones delictivas que había observado por parte del subcomisario Alaníz». La testigo afirmó que el acusado mantenía «una relación muy fluida» con el entonces intendente Rogers y con el dueño del cabaret.

El allanamiento se realizó el 28 de octubre de 2009. Allí se encontró a tres mujeres salteñas que dijeron trabajar en el lugar, y un cuaderno donde estaban anotados las “copas” y los “pases” que realizaban. A partir de declaraciones de otras víctimas, se determinó que Fernández captaba mujeres en situación de vulnerabilidad para explotarlas sexualmente obligándolas a entregar el 50% del dinero.

En un primer momento fueron procesados los hermanos Fernández y Saxs. El juez a cargo de la causa, Marcelo Piazza, se negó durante todo este tiempo a procesar al intendente y al subcomisario. En 2013 recién les tomaron declaración indagatoria. En mayo de 2014, los imputados fueron procesados, aunque el 14 de noviembre, la Cámara Federal de Apelaciones hizo lugar al pedido por la defensa y revocaron la decisión.

La instrucción de la causa estuvo a cargo del fiscal Juan Baric, con la colaboración de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex). En el debate oral intervendrá el fiscal Jorge Bonvehi.