Córdoba: una reforma de la ley de Bosques a la medida del agronegocio

Por Clarisa Mensa y Fernando Castro Schüle, desde Córdoba. En los últimos días del 2016 se desató en Córdoba una fuerte resistencia de la comunidad a la propuesta legislativa de modificación de la Ley provincial n° 9814 “de ordenamiento territorial de bosques nativos de la provincia de Córdoba”. ¿Por qué? ¿Qué implica para la provincia?

En primer lugar, la propuesta de reglamentación de la ley mencionada se sitúa geográficamente en la región de las sierras pampeanas que atraviesan la provincia y que conservan el 3% remanente de bosque -actualmente calificado de color rojo para la intervención de acuerdo a la legislación nacional-.  Esta región concentra la mayor población rural de la provincia, compuesta principalmente por campesinos y pequeños productores de la agricultura familiar. Además, se trata de una zona históricamente postergada que cuenta con la menor infraestructura vial, energética y de comunicaciones de Córdoba. Posee un sistema de salud desmantelado y escasa oferta educativa de nivel medio y superior. Además, tiene el más bajo índice desarrollo humano, con gran cantidad de viviendas sin infraestructura básica de agua corriente y condiciones de habitat dignas.

Esta región económicamente deprimida ha sido, durante los últimos 50 años, gran expulsora de mano de obra, a la vez que ha conservado las tradiciones productivas de base campesina, asentadas sobre la diversificación productiva y armonía con el entorno natural.

Por otro lado, en otras regiones de la provincia se están haciendo visibles las consecuencias de la aplicación del modelo de producción basado en la alta dependencia de insumos externos, regulado por mercados internacionales, imponiendo paquetes tecnológicos diseñados por los grandes monopolios del agronegocio a la medida de sus intereses.

Esta estrategia corporativa que obliga al sector agroalimentario a utilizar la tecnología de insumos y maquinarias desarrollada en los países centrales basada en la agricultura química y el monocultivo ofreciendo rentabilidad de escala, excluye a los productores que el mismo sistema llama “perdedores”.

A su vez,  trae aparejados efectos negativos como la concentración de la tierra en manos de fondos de inversión oportunista; el deterioro ambiental visualizado en las grandes inundaciones y la desertificación del suelo; el genocidio del agrotóxico que contamina, enferma y mata de manera silenciosa a las poblaciones rurales y periurbanas dejando de manifiesto el desprecio por el ambiente y el resto de la población. Las problemáticas vinculadas a las inundaciones son en nuestro país moneda corriente durante los primeros meses del año. No es casualidad que las zonas afectadas sean Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires.

Desde hace algo más de veinte años, y de la mano de la aplicación de este paquete tecnológico promocionado como la segunda revolución verde, se produjo un profundo cambio en el uso del suelo en regiones tradicionalmente ganaderas, como la cuenca lechera de la provincia y la región ganadera del norte cordobés, acorralando estas producciones a zonas de baja aptitud productiva y desplazando a la población a fuerza de engaños, desalojos y encierre de campos.

En ese contexto, se sanciona la Ley nacional 26.331 “de presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos”, a la cual la provincia adhiere con serios cuestionamientos por parte de la comunidad académica y organizaciones campesinas y ambientalistas. Seis años después, se proponen una serie de modificaciones regresivas que acentúan el modelo vigente de producción primaria.

La propuesta de modificación de la legislación provincial acentúa la aplicación del modelo productivo hegemónico y pone en riesgo la diversidad productiva y las economías regionales.

El proyecto de ley basa su propuesta técnica en la mirada cortoplacista y rentista de la tierra, acentúa la fragilidad ambiental como así también la concentración de la tierra y expone a la población del arco noroeste de la provincia a una nueva revolución productiva que lejos está de beneficiar a las grandes mayorías del norte cordobés.

Por el contrario, beneficioso sería un cambio en la legislación que haga foco en el desarrollo rural, el valor humano por encima de la rentabilidad empresaria, la protección del ambiente y la soberanía alimentaria como principio fundamental de la política agropecuaria.

El 2016 finalizó con una masiva movilización en la ciudad de Córdoba en defensa del bosque nativo y en oposición a las modificaciones impulsadas por el oficialismo y los sectores concentrados del agro.

Algunos referentes de la cultura popular como «Doña Jovita» (José Luis Serrano), Raly Barrionuevo y Piñón Fijo se han manifestado en contra de la nueva ley y han sido atacados públicamente por quienes presionan al poder político para la aprobación de los cambios en la explotación del bosque en la provincia mediterránea.

El 2017 se verá marcado por la respuesta que el oficialismo dará a las demandas de los actores que concentran el poder económico en un contexto de amplia movilización social.