La Legislatura porteña votó una ley que avala «coimas» de la industria farmacéutica

El sindicato de los Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina (AAPM) denunció que una ley presentada por Graciela Ocaña, Diego García Vilas y Marcelo Depierro y aprobada la semana pasada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) legaliza los “incentivos” de parte de las farmacéuticas a los profesionales de la salud para recomendar determinados tratamientos y medicamentos.

Aunque la ley -que se aprobó con 46 votos a favor- lo que hace es establecer que quienes acepten cualquiera de esas formas de retribución deberán “informar dicha situación a la autoridad sanitaria local a efectos de darle la debida publicidad”, desde AAPM argumentan que en realidad de lo que se trata es de legalizar prácticas corruptas.

La ley consta de cinco artículos y, en el segundo de ellos, enumera como “incentivos económicos o susceptibles de valoración pecuniaria” tanto a pagos en efectivo como “pagos destinados a solventar cualquier actividad de formación profesional”, gastos de viajes o “entrega de valores, pasajes, regalos, hospedajes, gastos de representación, comidas o cualquier otro bien susceptible de valoración económica”.

En diálogo con Radio Sur, el titular del sindicato, Ricardo Peidro, sostuvo que habitualmente los agentes de propaganda médica están “muy presionados por la industria farmacéutica” para llevar a cabo estas cuestiones ilegales, a las que definió como «coimas», pero que esta ley en vez de perseguir y sancionar las prácticas lo que hace es avalarlas.

Desde AAPM, contó Peidro, promovieron leyes en los últimos años, tanto en la Ciudad como en la Provincia de Buenos Aires, que iban en un sentido totalmente inverso a lo que votó la Legislatura el jueves pasado. La legislación defendida por el sindicato incluye la regulación de la actividad “por carriles éticos y científicos y que hasta podamos perder la matrícula si llegamos a promover algún tipo de esos incentivos”, explicó.

El sindicalista dijo que la ley los tomó por sorpresa ya que “hay multinacionales que, más allá que lo hagan o no, aprobaron códigos de ética a nivel mundial donde tienen prohibido hacer este tipo de cosas. Hay multas millonarias”.

Además, afirmó que les llamó la atención que Graciela Ocaña fuera una de las promotoras de la ley, ya que “públicamente dice que persigue a todo tipo de mafias”. Incluso en los fundamentos de la ley se menciona un caso de la empresa estadounidense BIOMET que «habría pagado sobornos a funcionarios y médicos de diversos países, entre ellos Argentina, para la colocación de prótesis traumatológicas».

“Esto se da en un momento donde los medicamentos tienen altos costos, donde se desfinancia el sistema solidario de salud, las obras sociales y el sistema público de salud e indudablemente va a impactar en el aumento del precio de los medicamentos”, sostuvo Peidro.

“Hasta ahora quienes llevaban adelante estas prácticas se escondían un poco, pero ahora les dan poder legal”, dijo el titular de AAPM y se preguntó: “¿Con qué tranquilidad uno va a confiar en un diagnóstico médico si pueden recetar el medicamento que les deje mayor diferencia?”

Dentro de los fundamentos de la ley, según publicó Ocaña en su página web, se explicita que la misma se basa en el sistema de salud estadounidense (Affordable Care Act, más conocido como Obamacare) y hasta se argumenta el daño que le hacen tanto a la relación médico-paciente como al acceso igualitario al sistema de salud en su conjunto.

«Este tipo de situaciones tiene consecuencias concretas, el encarecimiento de las prestaciones de salud. El mayor costo asociado a estas prácticas espurias es soportado por todos los usuarios. El sistema de salud termina subsidiando en su conjunto los costos exorbitantes de las prácticas o medicamentos obtenidos por esta vía», dice la ley, aunque en vez de prohibirlas y sancionar a quienes las lleven adelante, propone simplemente «blanquearlas», y crear un registro público bajo la órbita de la autoridad sanitaria local.

En un comunicado el sindicato de visitadores médicos llamó a los profesionales de la salud y sus organizaciones “a repudiar esta ley, ya que pone bajo sospecha si todos ellos responden más a los intereses económicos de sus posibles mandantes (los laboratorios) que a la salud de sus pacientes y de toda la población”.