El proyecto de «libertad religiosa» es más violencia hacia las mujeres

Por Stella Maris Manzano*. Sergio Rubín publicó una nota en el diario Clarín en la que anticipa que el gobierno «enviará al Congreso un proyecto de Libertad Religiosa”. En su copete aclara: “Modificaciones al Código Penal. Es para garantizar a todos los cultos una serie de derechos, entre otros, el de ampararse en la objeción de conciencia para, por ejemplo, negarse a recibir una transfusión de sangre o -en los médicos- de practicar un aborto”.

Con sólo esos dos párrafos, ya muestra que es ante todo una ley contra los derechos de las mujeres y no a favor de una libertad religiosa que ya existe en el país. No hace falta esta ley para que los Testigos de Jehová no sean transfundidos, no se transfunde a nadie a la fuerza porque es un derecho constitucional el tomar decisiones sobre nuestra salud, aunque no le gusten al Estado, o al médico que nos atiende y que es un representante del Estado, en tanto garante de nuestra salud. Tenemos soberanía sobre nuestros cuerpos, y nadie tiene el derecho de opinar sobre el plan de vida de otras personas.

Si el Estado pasara a controlar cada uno de nuestros actos, sólo seríamos libres en el pensamiento, pero prisioneros y prisioneras en casi todas las esferas de nuestras vidas. Este proyecto de ley avanza en un sentido fundamentalista: permite al Estado, a través de sus médicos, a obligarnos a vivir según mandatos religiosos.

En cuanto al supuesto derecho de los médicos a negarnos a practicar abortos, se trata de violencia institucional. Tenemos tasas altísimas de muertes por complicaciones del embarazo, y es una prioridad bajarlas. La cuarta causa de muerte de mujeres jóvenes en nuestro país son las complicaciones del embarazo. Años atrás, el 30% de estas muertes era por aborto clandestino. Gracias a que se comenzaron a realizar abortos legales y gratuitos en los hospitales, esta cifra se bajó a la mitad en los últimos años. El resto de las mujeres muere en partos, que son mucho más peligrosos que un aborto.

En China y Europa no hubo muertas en 20 millones de abortos realizados con misoprostol. En nuestro país mueren entre 30 y 40 mujeres cada 100 mil nacidos vivos. Obligar a una mujer a llegar a un parto es exponerla a un peligro mucho mayor para su vida, contra su voluntad. “Obligar a una mujer a continuar un embarazo es tortura”, dijo Juan Méndez, el relator de la ONU para la Tortura este año, porque la empuja al aborto clandestino o al parto forzado, y ambas cosas causan daño psíquico grave.

La omisión de cuidados médicos por motivos religiosos es una forma de violencia hacia las mujeres. La maternidad no puede ser obligatoria, debe ser deseada, porque altera dramáticamente la vida de toda mujer. Pero además, porque no se le exige a ningún varón el arriesgar su vida para salvar la de otro. Aunque sea un hijo, no se puede exigir a las mujeres hacerlo, solo para perpetuar la especie.

Libre albedrío para la religión en las instituciones públicas

La Iglesia Católica se reunió con varias otras iglesias para acordar una ley que beneficie a todas un poco para lograr consenso. Todas las religiones tendrán beneficios impositivos, los templos serán inembargables, pero la única iglesia que seguiremos solventando, será la Católica.

Se prevén penas de prisión para quien “ataque edificios religiosos”. También los religiosos estarán exentos de declarar ante el juez acerca de los delitos que conozcan, amparándose en que lo supieron en función de su ministerio. Podrán proteger a ministros o curas violadores, en contra del interés superior de los niños y niñas, como también podrán encubrir asesinos y genocidas.

Por otro lado, obliga a dejar que las personas religiosas no trabajen en sus días festivos y horarios de culto. Quienes hacen guardias todos los días del año, se verán perjudicados cubriendo más sábados y domingos, y todas las fiestas. Se considerará más valioso asistir a un culto que, por ejemplo, cuidar de las hijas e hijos y disfrutar del tiempo libre.

Las personas tienen el derecho tanto de profesar alguna religión, como el de no profesar ninguna.  Estos beneficios a los religiosos perjudican el derecho al descanso de quienes no lo son.

El proyecto de ley es anticonstitucional y lo saben. El artículo 19 de la Carta Magna dice muy claro: “Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe”.

Las acciones de los médicos objetores  perjudican a las mujeres. Les impiden tomar decisiones soberanas sobre sus cuerpos y cuidar de su salud, violando sus derechos.

Este año se presentó un proyecto de ley para retirar los artículos que permiten la objeción de conciencia en las leyes de anticoncepción quirúrgica y de Salud Sexual y Reproductiva, debido a su anticonstitucionalidad, pero ahora van por todo. No estaba permitida la objeción de conciencia al aborto, con esto la quieren implementar.

Esta no es una ley para dar libertad para los religiosos, es una ley para permitir a los religiosos imponer su religión. Sobre todo a las mujeres.

Es probable que la comunidad LGBTT, también se vea perjudicada, porque las y los funcionarios del registro civil lograrán lo que no pudieron cuando salió la ley de matrimonio igualitario: no casarán a personas del mismo sexo, porque sus creencias importarán más que el derecho a no ser discriminados/as. Profesionales de la salud no harán hormonoterapia a personas trans con la misma excusa.

También perjudicará a niñas, niños y adolescentes ya que hace peligrar la ley de Educación Sexual Integral, porque la docencia religiosa solo enseñará moral sexual cristiana. Dirán que gays y lesbianas son “desviados” o “enfermos”, que la familia es lo primero, que no hay que denunciar al padre o al cura o pastor que nos viola porque hay que perdonar a todos, y ante todo hay que mantener el “buen nombre de la iglesia”. Les permitirá decir también que no hay que usar anticonceptivos, porque el sexo es pecado, y lo único válido es la abstinencia, con lo que aumentarán las tasas de embarazos infantiles, adolescentes y las infecciones por HIV.

Esta ley viola también varios tratados de derechos humanos de rango constitucional, como la CEDAW y la Convención de Belem do Pará. Al mismo tiempo atenta contra el Pacto contra la Tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales -cuyo organismo este año exhortó a Argentina para que legalice el aborto voluntario-, el Pacto de San José de Costa Rica, y otros.

Los religiosos saben que es ilegal lo que hacen, el presidente lo sabe, los legisladores lo saben. Muchos proyectos de ley se han presentado en los últimos 30 años para impedir todo tipo de aborto, ninguno prosperó. Si este proyecto entra seriamente en discusión, tendremos que salir nuevamente a las calles.

*Médica especialista en ginecología y medicina legal, Hospital Zonal Trelew, Chubut. Integrante de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito y la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir.